El Gobierno nacional volvió a cuestionar en los últimos días la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aunque desde Casa Rosada aseguran que no existe por ahora una decisión de avanzar con su derogación en el Congreso.

Dentro del oficialismo reconocen que actualmente no están dadas las condiciones ni los consensos sociales necesarios para reabrir una discusión legislativa sobre la norma sancionada en 2020. Por ese motivo, remarcan que las recientes declaraciones de funcionarios forman parte del posicionamiento político de la administración libertaria, pero no de una estrategia parlamentaria.

El tema volvió al centro de la escena luego de que el presidente Javier Milei relacionara la legalización del aborto y sectores del feminismo con la caída de la natalidad en la Argentina. Durante su exposición en el Council de las Américas, el mandatario sostuvo que esa situación tiene consecuencias sobre el crecimiento económico y el sistema previsional.

"Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando en términos de crecimiento y materia previsional", expresó Milei.

Desde el Ejecutivo buscaron luego relativizar el alcance político de esas declaraciones y explicaron que el Presidente utilizó el tema para referirse a los problemas que observa en el sistema previsional. Funcionarios nacionales insistieron en que sus palabras no implicaron el inicio de una ofensiva para modificar la legislación vigente.

Milei ya había relacionado anteriormente la disminución de la natalidad con el aborto. Sin embargo, hasta el momento no existen datos que permitan establecer una relación directa entre la vigencia de la Ley 27.610 y la caída de la tasa de natalidad.

Las señales del Gobierno contra la ley de aborto

Las declaraciones presidenciales se sumaron a otros movimientos recientes dentro de la administración nacional. El canciller Pablo Quirno, durante el anuncio de la visita del papa León XIV prevista para noviembre, definió al Gobierno como defensor "de la vida".

A esto se agregó la adhesión de la Argentina al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, una decisión que volvió a generar cuestionamientos sobre la posición del país frente al aborto.

La medida recibió críticas de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que consideró la decisión como un "posicionamiento ideológico" del Gobierno.

También se pronunció el secretario de Culto, Agustín Caulo, quien sostuvo públicamente que el oficialismo debe continuar trabajando contra la legislación vigente y afirmó que "nunca nos tenemos que resignar a tener una ley tan inhumana".

Pese a estas expresiones, desde el Poder Ejecutivo insisten en diferenciar las posiciones personales y políticas de sus integrantes de una eventual iniciativa legislativa.

Un antecedente similar ocurrió en 2024, cuando diputados de La Libertad Avanza encabezados por Rocío Bonacci presentaron un proyecto para derogar la norma. En aquella oportunidad, el Gobierno tomó distancia de la propuesta y aclaró que no había sido impulsada por el Presidente.

A comienzos de 2026, legisladores libertarios también firmaron un compromiso para insistir con la derogación. Entre ellos estuvo el diputado Santiago Pauli, quien señaló que existe una intención de continuar trabajando para modificar la normativa.

Por ahora, sin embargo, la posición oficial es que la derogación de la Ley 27.610 no está incluida en la agenda legislativa del Ejecutivo. Mientras las críticas vuelven a multiplicarse dentro del oficialismo, en Casa Rosada consideran que todavía no existe el escenario político necesario para avanzar con un cambio.