La decisión fue confirmada por el canciller Pablo Quirno. La iniciativa internacional sostiene la soberanía de los Estados frente al aborto y marca un nuevo giro en la política exterior del Gobierno.
El Gobierno nacional formalizó la adhesión de la República Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra, una coalición internacional que reivindica la protección de la vida humana, el rol de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la soberanía de las naciones para definir sus propias políticas.
La incorporación fue confirmada este jueves por el canciller Pablo Quirno, quien destacó a través de sus redes sociales que el país se suma a este espacio con el propósito de aportar liderazgo político, capacidad diplomática y proyección regional a una agenda basada en la dignidad humana. "La Declaración reafirma la protección de la vida humana y a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad", explicó el funcionario.
Lanzado originalmente en 2020 durante la primera administración de Donald Trump, el Consenso de Ginebra establece como principios centrales que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación para que los Estados lo financien o faciliten, consagrando el derecho soberano de cada país a legislar de acuerdo con su derecho interno.
Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos se reincorporó a la plataforma y ejerce desde junio de 2026 como secretaría del mecanismo internacional. Esta incorporación por parte de la administración de Javier Milei consolida el rumbo de la política exterior impulsada desde su llegada al poder, centrada en la defensa de la vida, la libertad individual, la propiedad privada y la soberanía nacional.
"Este acto confirma el rumbo que trazó el Presidente Javier Milei: la vida, la libertad, la propiedad privada y el imperio de la Ley orientan las decisiones de este Gobierno", remarcó Quirno.
De esta manera, la Argentina se integra a un bloque de países que busca contrarrestar la promoción de agendas internacionales en materia de interrupción del embarazo, reafirmando que las decisiones sobre este asunto corresponden estrictamente a la autonomía legislativa de cada Estado.