En busca de la verdad
En busca de la verdad
A pesar de las críticas a las iniciativas del ministro de Desregulación, se reactivó el debate en comisión del proyecto que habilita las sociedades automatizadas y el uso de IA
El Senado retomó este martes el tratamiento de la reforma integral de la Ley General de Sociedades, una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que propone modificar el régimen vigente desde 1972 e incorporar nuevas herramientas vinculadas con la digitalización, los criptoactivos y la inteligencia artificial.
El proyecto volvió a discutirse en la Comisión de Legislación General, encabezada por la senadora libertaria Nadia Márquez, luego de más de 40 días sin avances. El primer encuentro se había realizado el 23 de junio y había contado con la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El oficialismo buscará alcanzar acuerdos con los sectores dialoguistas de la oposición para avanzar con un dictamen en la próxima reunión de comisión, que todavía no tiene fecha confirmada.
La discusión tuvo uno de sus momentos de mayor tensión durante la exposición de Ricardo Nissen, quien estuvo al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante gobiernos kirchneristas.
Nissen consideró necesario actualizar la legislación vigente, aunque cuestionó el contenido de la propuesta del Ejecutivo. Según planteó, las modificaciones podrían reducir las responsabilidades de los empresarios frente a determinadas decisiones y obligaciones societarias.
Sus declaraciones provocaron la respuesta de Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado. La legisladora cuestionó la gestión de Nissen en la IGJ y lo acusó de haber afectado el funcionamiento de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) mediante resoluciones administrativas.
Bullrich sostuvo que aquellas medidas perjudicaron a jóvenes y emprendedores que utilizaban ese régimen para iniciar sus actividades y afirmó que una resolución administrativa no puede modificar lo establecido por una ley nacional.
Durante la reunión también hubo posiciones favorables al proyecto. El director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Alvarez, aseguró que la iniciativa permitiría modernizar los mecanismos de monitoreo y trazabilidad de las sociedades.
El abogado Sebastián Balbín, por su parte, consideró que la legislación actual fue diseñada para un escenario económico y tecnológico diferente y destacó la necesidad de contar con reglas adaptadas al funcionamiento de las empresas del siglo XXI.
Uno de los principales cambios incluidos en la iniciativa es la incorporación de las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO). Estas organizaciones podrán funcionar mediante protocolos tecnológicos y sistemas de registro distribuido.
Además, el proyecto contempla que las empresas puedan utilizar inteligencia artificial y algoritmos para realizar funciones operativas y tomar determinadas decisiones administrativas.
La reforma también apunta a profundizar la digitalización de los trámites. Las sociedades podrían constituirse utilizando firmas digitales o electrónicas, mientras que los registros y libros societarios podrían mantenerse exclusivamente en formato digital.
A esto se suma la creación de una "sede electrónica", destinada a recibir comunicaciones y notificaciones legales de manera virtual.
Criptomonedas y acciones representadas mediante tokens
La propuesta también introduce modificaciones en la conformación del capital de las empresas. De aprobarse, podrán realizarse aportes mediante activos digitales y criptoactivos, siempre que tengan una valoración económica.
Otra de las novedades es la posibilidad de que las acciones de las sociedades anónimas sean representadas mediante tokens, una herramienta que busca facilitar mecanismos de inversión y financiación, especialmente para emprendimientos y startups.
El proyecto también plantea ampliar el objeto social de las compañías. Si el estatuto no establece restricciones específicas, las sociedades podrán desarrollar diferentes actividades lícitas sin quedar limitadas a una única actividad previamente determinada.
Reuniones virtuales y cambios en la responsabilidad de los administradores
La reforma reconoce formalmente la posibilidad de realizar reuniones de socios y directorios de manera virtual o bajo una modalidad mixta.
También incorpora la denominada "regla de discrecionalidad empresarial", por la cual los administradores no responderán por decisiones comerciales que finalmente tengan resultados negativos siempre que puedan demostrar que actuaron de buena fe, con diligencia y priorizando los intereses de la sociedad.
Otro de los puntos es la incorporación definitiva de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) dentro de la Ley General de Sociedades, manteniendo características como la simplificación de los trámites y una mayor libertad en su organización.
Por último, el proyecto propone modificar el alcance de la fiscalización estatal. El control público quedaría concentrado principalmente en aquellas sociedades que realicen oferta pública o en las que exista un interés público comprometido.
La iniciativa pretende reemplazar de manera integral la Ley 19.550, vigente desde hace más de cinco décadas. Ahora, el oficialismo deberá reunir los respaldos necesarios en la comisión para conseguir dictamen y llevar la reforma al recinto.
