El Gobierno nacional formalizó este jueves, mediante la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026 en el Boletín Oficial, una profunda modificación a la Ley de Migraciones (25.871). La normativa incorpora nuevas causales de inadmisión y expulsión para aquellos ciudadanos extranjeros que promuevan discursos de odio, discriminación o violencia contra los argentinos por su nacionalidad, así como a quienes realicen actos de ultraje a los símbolos patrios.

La decisión fue respaldada de manera oficial por la Oficina del Presidente, desde donde señalaron que la defensa de la soberanía y de la ciudadanía "no es negociable" frente a las recientes muestras de hostilidad detectadas hacia el país. Según los fundamentos del texto legal, estas conductas atentan directamente contra la paz social y la convivencia armónica que el Estado debe garantizar.

En términos prácticos, el DNU modifica los artículos 29, 62 y 63 de la legislación vigente. De este modo, se amplían las herramientas para rechazar el ingreso a las fronteras o bien para revocar la permanencia de quienes ya residen en suelo argentino, pudiendo aplicarse plazos de intimación para abandonar el territorio o la expulsión directa, evaluando previamente las circunstancias personales del infractor.

Uno de los puntos centrales del decreto radica en la generalidad de los conceptos incorporados -tales como "mensajes de odio", "menosprecio" o "ultraje"-, cuya aplicación práctica quedará sujeta al criterio de las autoridades migratorias y al control de la justicia. Para contrarrestar posibles cuestionamientos constitucionales, la norma incluye una cláusula específica que salvaguarda la libertad de expresión, eximiendo de cualquier sanción a las críticas políticas, académicas o a las simples expresiones de disenso ideológico protegidas por la Constitución Nacional.