El clima enrarecido tras la final de la Copa del Mundo y la ola de cruces en plataformas digitales contra el país actuaron como catalizador para reactivar un viejo anhelo del oficialismo. En la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el bloque de La Libertad Avanza decidió desempolvar el debate migratorio e ingresó un proyecto de ley para arancelar las prestaciones médicas en hospitales públicos y la oferta universitaria a todos los extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el territorio bonaerense.

El impulso político de la iniciativa quedó verbalizado por el titular de la bancada libertaria bonaerense, Agustín Romo, quien justificó el texto bajo el argumento de que el contribuyente local no debe financiar servicios esenciales a ciudadanos de otros países. 

La medida replica el camino iniciado meses atrás en la Ciudad de Buenos Aires por la legisladora Pilar Ramírez, cuyo proyecto busca establecer mecanismos de recupero de gastos por atención sanitaria a no residentes a través de seguros médicos o convenios bilaterales de compensación, garantizando en ambos distritos la atención primaria e inmediata únicamente en situaciones de emergencia o riesgo de vida.

La estrategia de los bloques provinciales cuenta con la mirada atenta de Balcarce 50. Si bien la administración central no prevé por el momento el envío inmediato de un proyecto de ley al Congreso de la Nación, figuras clave de la mesa chica presidencial, como el asesor Santiago Caputo, siguen de cerca la discusión para evaluar una eventual reforma a la Ley de Migraciones. 

El antecedente nacional más cercano se remonta al Decreto 366/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a alumnos sin residencia permanente y exigió coberturas médicas para la atención hospitalaria. Sin embargo, en los hechos, ninguna casa de altos estudios hizo uso de esa facultad amparada en su autonomía institucional, mientras que la cartera de Salud nacional remarcó que se requiere una modificación legislativa de fondo para obligar a los hospitales nacionales a cobrar sus servicios.

El debate reactiva también una fuerte pulseada de cifras e interpretaciones sobre el verdadero impacto fiscal de la comunidad extranjera en el sistema público. Meses atrás, autoridades académicas de la Universidad de Buenos Aires precisaron que los alumnos con residencia temporal o precaria apenas representaron el 2,5% del total de ingresantes en 2026, aunque con picos del 6,1% en facultades específicas como Medicina. 

Una postura similar sostienen desde el gabinete de salud bonaerense, donde señalan que las consultas médicas e internaciones de extranjeros no residentes apenas rozan el 1% del total provincial, un volumen marginal respecto al volumen general de atenciones que recibe diariamente la red de salud.