En busca de la verdad
En busca de la verdad
El senador Salino y el diputado Valdés impulsan proyectos para prohibir que las personas políticamente expuestas y sus familiares accedan al régimen o a blanqueos, mientras la Casa Rosada ratifica los cambios para ampliar el esquema.
La discusión en torno a la Ley de Inocencia Fiscal promete transformarse en uno de los focos de mayor tensión política en el Congreso durante las comisiones de agosto. Frente a las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo para flexibilizar las condiciones de bancarización, bloques de la oposición peronista presentaron iniciativas orientadas a limitar de manera drástica el alcance del régimen, apuntando expresamente a que ningún funcionario público pueda ampararse en estos mecanismos de regularización.
Las propuestas surgidas en la Cámara Alta llevan la firma del senador Fernando Salino, integrante del interbloque Justicialista. El legislador por San Luis ingresó dos proyectos de ley destinados a excluir de manera tajante a las personas políticamente expuestas, una embestida que cobra fuerza tras la controversia en torno a la adhesión del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y su entorno familiar al régimen simplificado mientras pesan sobre él investigaciones judiciales.
El planteo de Salino no solo restringe la participación de altos cargos de los tres poderes del Estado, órganos de control y sus parientes directos en el esquema actual -extendiendo la prohibición hasta dos años después de haber dejado la función pública-, sino que además busca impedir que funcionarios de la última década puedan ingresar a cualquier tipo de blanqueo o exteriorización de activos.
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Luis Caputo brindó una conferencia de prensa para detallar los cambios que buscan incentivar la bancarización de ahorros informales. Las modificaciones eliminan topes de patrimonio y otorgan mayores garantías frente a ARCA.
En la misma sintonía, desde la Cámara de Diputados se sumó la propuesta de Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, quien fundamentó la necesidad de endurecer las exigencias para quienes manejan fondos del Estado en concordancia con la Ley de Ética Pública y las normativas internacionales contra el lavado de dinero. En sus argumentos, Valdés remarcó que permitir que los administradores de recursos públicos utilicen herramientas que reducen los controles y las exigencias de rendición de cuentas resulta contradictorio con la transparencia institucional y abre un peligroso margen para maniobras de ocultamiento patrimonial.
Por su parte, la Casa Rosada salió a blindar el espíritu de la normativa a través del vocero presidencial Adrián Ravier, quien catalogó los cambios como un giro histórico para defender a los contribuyentes de un sistema fiscal que históricamente los trataba como delincuentes preventivos. Desde la postura oficial, respaldada por las recientes exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, las reformas enviadas por el Gobierno buscan ofrecer la seguridad jurídica necesaria para que los más de 170.000 millones de dólares que se encuentran fuera del sistema puedan volver al circuito formal.
El articulado presentado por el oficialismo apunta a eliminar techos de facturación y patrimonio, flexibilizar los márgenes de revisión ante ARCA, habilitar correcciones sin pérdida de beneficios y fijar como plazo límite para exteriorizar fondos sin costo el 31 de diciembre de 2027, delimitando así la ventana de regularización para evitar que opere como un esquema permanente.