El Palacio de Hacienda volvió a poner el foco en la masa de recursos informales que atesoran los argentinos. En una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno nacional presentó formalmente un paquete de modificaciones al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa, elaborada en conjunto con la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal Murphy y un equipo de tributaristas, busca corregir grises de la normativa sancionada a fines del año pasado para incentivar el ingreso de divisas al sistema bancario.

El objetivo central de la reforma es permitir que quienes debieron informalizar sus ahorros en el pasado puedan volcarlos al circuito legal sin enfrentar penalidades. Según estimaciones del Banco Central expuestas por Caputo, existen actualmente unos 170.000 millones de dólares fuera del sistema financiero, una cifra que cuadruplica los depósitos actuales en moneda extranjera. Desde la visión del Gabinete económico, reactivar ese volumen de fondos resulta clave para traccionar la inversión y consolidar el crecimiento general del país. 

"El objetivo es que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin penalidad de ningún tipo", explicó el ministro, que luego añadió: "Para la gente, tener los dólares debajo del colchón es un mal negocio. A nivel país, tampoco nos sirve".

"Queremos que haya más inversión, y la contracara de la inversión es el ahorro, que hoy están debajo del colchón", amplió.

El texto introduce cuatro ejes técnicos sustanciales para dotar de mayor previsibilidad al régimen. En primer lugar, se elimina de manera definitiva el techo de ingresos y de patrimonio que restringía el acceso al esquema. Asimismo, se fijó un piso de 5 millones de pesos para configurar una "discrepancia significativa" ante ARCA, evitando que se caiga la presunción de exactitud en montos menores. A su vez, se habilitará un margen de 15 días para rectificar declaraciones y pagar ajustes sin perder los beneficios del régimen, mientras que el organismo recaudador quedará obligado a reintegrar con intereses, en un plazo máximo de 45 días hábiles, los pagos devueltos tras una impugnación revocada.

Durante el encuentro con la prensa, el equipo técnico despejó suspicacias sobre el posible uso del marco legal para beneficiar a exfuncionarios o dirigentes con causas judiciales abiertas por presunto enriquecimiento ilícito. Al respecto, los especialistas remarcaron que la norma opera estrictamente dentro del carril tributario y no interfiere con las investigaciones penales en curso, diferenciando este mecanismo simplificado de declaración de un blanqueo tradicional.

Con estas precisiones, el Poder Ejecutivo confía en obtener un pronto respaldo en el Congreso nacional para sancionar las modificaciones, apostando a que el nuevo marco técnico convenza a los ahorristas de retirar sus fondos del circuito informal para reinyectarlos en la economía formal.