La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley "Súper RIGI", que otorga beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por 30 años a inversiones superiores a US$1000 millones. La votación fue de 130 a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, con el apoyo de Pro, la UCR y otros bloques, mientras que la abstención provino de diputados de Catamarca y Provincias Unidas.

El oficialismo defiende la iniciativa como una herramienta para atraer nuevas industrias a Argentina, mientras que la oposición la critica por ser un régimen de excepción con altos costos fiscales. El diputado Alberto Benegas Lynch defendió el proyecto, enfatizando la inversión privada y la protección de la propiedad.

El "Súper RIGI" amplía el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en 2024. Su objetivo es generar un marco de seguridad jurídica para atraer proyectos de inversión a gran escala, sin especificar las empresas a las que apunta, aunque menciona infraestructuras tecnológicas y digitales. La oposición, liderada por Martín Lousteau, criticó esta falta de especificidad, sugiriendo que podría ser un "traje a medida" para grandes tecnológicas.

El régimen tendrá una vigencia inicial de cinco años y puede prorrogarse por uno más. Contempla una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria, exenciones de derechos de importación y exportación, y liberación progresiva de divisas. Además, permite a los inversores recurrir a tribunales internacionales en caso de disputas y compromete a provincias y municipios a mantener bajos impuestos locales.

Durante el debate, se incorporaron modificaciones para incluir beneficios a proyectos de investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales, la ampliación de objetivos tecnológicos y la creación de un registro público de proyectos. También se reforzaron los requisitos ambientales y sociales.

La oposición, incluyendo a la Coalición Cívica y Unión por la Patria, ha expresado su preocupación de que este proyecto cree un régimen de excepción sin precedentes, que podría beneficiar a grandes corporaciones y limitar la soberanía del Estado. Pese a esto, defensores como Lisandro Nieri y Álvaro Martínez argumentan que el Súper RIGI es esencial para atraer inversiones a gran escala y superar la inestabilidad económica del país.