La disputa judicial por la falta de pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad sumó un nuevo capítulo. El Gobierno nacional presentó formalmente un recurso de apelación contra la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, que ordenaba al PAMI y al programa Incluir Salud regularizar las deudas acumuladas en un plazo máximo de 72 horas.

A pesar de la presentación del Estado, la orden judicial no ha perdido fuerza. El magistrado concedió la apelación con "efecto devolutivo", lo que implica que la obligación de regularizar los pagos se mantiene vigente mientras la Cámara Federal revisa el expediente. En consecuencia, tanto el PAMI como el programa Incluir Salud están obligados a avanzar con la normalización de las prestaciones mientras el proceso judicial sigue su curso.

La cautelar, que fue dictada en el marco de una acción colectiva iniciada por organizaciones como el colectivo Defendamos Córdoba, Apadim y el Pequeño Cottolengo Don Orione, tiene una vigencia provisoria de seis meses o hasta que se dicte una sentencia firme. El fallo busca garantizar la continuidad de tratamientos médicos, terapias y la entrega de medicamentos para beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), sectores que, según la denuncia, se han visto gravemente afectados por los cortes de servicio.

En sus fundamentos, el juez Vaca Narvaja subrayó que el Estado nacional se encuentra "en mora" y advirtió sobre el "riesgo inminente" que generan las demoras crónicas en los pagos para la salud de los pacientes. Asimismo, el magistrado instó a los organismos involucrados a arbitrar todas las medidas necesarias para cumplir con los desembolsos, bajo apercibimiento de sanciones ante posibles dilaciones.

Desde la vereda oficial, el Ministerio de Salud de la Nación -a cargo de Mario Lugones- sostuvo en un informe presentado ante el juzgado que las demoras se originaron a raíz de un proceso de "reordenamiento estructural". La cartera argumentó que el traspaso del programa Incluir Salud al ámbito ministerial implicó la incorporación a los estándares de gestión de la Administración Pública Nacional centralizada, lo que provocó trabas administrativas durante la etapa inicial de tramitación de los pagos que, según el Gobierno, ya están en vías de corrección para garantizar la sostenibilidad del organismo.