La Libertad Avanza oficializó su hoja de ruta parlamentaria para las próximas semanas, confirmando que iniciará el tratamiento de dos iniciativas centrales impulsadas por el Poder Ejecutivo: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (el denominado "Súper RIGI") y la Ley de Lobby. El diputado Nicolás Mayoraz confirmó que la próxima semana se realizarán las convocatorias a los plenarios de comisiones, dando el puntapié inicial al debate formal en la Cámara Baja.

La estrategia del bloque oficialista es clara: tras dos semanas de reuniones informativas, se buscará avanzar con la votación en el recinto entre la segunda y la tercera semana de junio. Para lograr este objetivo, el oficialismo ya trabaja en la construcción de mayorías con sectores de la oposición dialoguista, incluyendo al PRO, la UCR y bloques provinciales como Innovación Federal.

El Súper RIGI: foco en la frontera tecnológica

El "Súper RIGI" se presenta como una evolución del régimen original incluido en la Ley Bases, con un enfoque orientado exclusivamente hacia sectores estratégicos de la economía del conocimiento y la alta tecnología. La diputada Silvana Giudici, secretaria parlamentaria de LLA, remarcó que el proyecto es fundamental para integrar al país en la cadena de valor global de sectores como la inteligencia artificial, la robótica, los drones y la electromovilidad.

Durante el seminario "Minería para un futuro digital", organizado este jueves en la Cámara de Diputados, Giudici enfatizó la importancia de la extracción de tierras raras como insumo crítico para esta nueva matriz productiva. El tratamiento del proyecto pasará por un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda (Bertie Benegas Lynch), Industria (José Luis Garrido) y Ciencia, Tecnología e Innovación (Martín Yeza).

Ley de Lobby: transparencia en la gestión de intereses

En paralelo, el oficialismo pondrá en marcha el debate de la Ley de Lobby, una iniciativa que busca regular el vínculo entre los funcionarios públicos y los actores privados. Este proyecto será tratado en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente.

El eje central de esta propuesta es la transparencia: el Ejecutivo busca implementar un esquema de registro público de todas las audiencias, reuniones y gestiones realizadas por empresas, cámaras, ONGs e intermediarios que busquen influir en la toma de decisiones del Estado. Inspirada en legislaciones vigentes en Estados Unidos y la Unión Europea, la norma apunta a mitigar conflictos de intereses y ordenar institucionalmente la relación entre el sector público y los grupos de presión.

La primera jornada será de carácter informativo, con la invitación abierta a legisladores que hayan presentado proyectos similares en el pasado, para luego dar lugar a la discusión de fondo sobre el articulado enviado por la Casa Rosada. Con estos dos proyectos, el gobierno de Javier Milei apuesta a cerrar un semestre clave para su agenda legislativa antes del receso invernal.