El Gobierno apercibió a la Superliga Profesional del Fútbol Argentino y la intimó a entregar documentación en un plazo de 10 días hábiles administrativos. La medida fue dictada por la Inspección General de Justicia el 20 de mayo, en el marco de la veeduría informativa dispuesta por el Ministerio de Justicia para revisar documentación societaria, contable y financiera vinculada al funcionamiento de la entidad.

La sanción es leve en términos jurídicos: se trata de un apercibimiento con publicación íntegra a cargo de la Superliga en un diario de mayor circulación nacional, no de una multa ni de una intervención. Sin embargo, el movimiento no es menor en términos administrativos y políticos, porque la IGJ dejó asentado que la entidad incumplió el requerimiento de los veedores y dificultó las tareas de fiscalización.

La resolución, firmada por el inspector general Alejandro Ramírez, ordena además que la Superliga permita el acceso a la documentación requerida por el veedor designado. El organismo advirtió que, si la entidad no cumple dentro del nuevo plazo, podrá avanzar con sanciones mayores. En el oficialismo leen ese punto como la base para sostener una escalada administrativa si persiste la falta de colaboración.

La decisión se da mientras el Ejecutivo mantiene en pausa nuevos pasos contra la AFA, a la espera de una definición de la Justicia civil. En Nación sostienen que la entidad que conduce Claudio Tapia presentó una apelación contra la veeduría y que el recurso fue concedido por la Cámara, por lo que prefieren aguardar ese pronunciamiento antes de avanzar con apercibimientos o medidas compulsivas.

El escenario de la Superliga es distinto. Según consta en la resolución, el veedor Diego Coste se presentó el 7 de mayo en la sede social inscripta de la entidad, ubicada en Olga Cossettini 771, piso 4, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí fue recibido por la abogada Candelaria Moirano, quien no permitió la compulsa de la documentación e información requerida.

En esa visita, Coste dejó un requerimiento formal y otorgó un plazo de cinco días hábiles para que la entidad aportara la información en soporte digital o indicara la modalidad en que sería entregada. La IGJ sostuvo que, vencido ese plazo, no había constancia de contestación ni pedido de ampliación. Por eso consideró acreditado el incumplimiento del requerimiento y avanzó con el apercibimiento.

La veeduría fue dispuesta por la Resolución Ministerial 188/2026 por un plazo de 180 días hábiles. El expediente se inició para relevar documentación presentada por la Superliga ante la falta de contestación de vistas vinculadas con los balances correspondientes a los ejercicios económicos 2020 a 2024. La IGJ también busca compulsar decisiones económicas y financieras adoptadas por sus órganos sociales en relación con la AFA y verificar posibles inconsistencias entre el objeto social de la entidad y la actividad efectivamente desplegada.

La resolución también explicita el alcance de la tarea del veedor. Entre los objetivos figuran analizar estados contables y financieros de 2017 a 2025, con apertura amplia de cuentas y partidas, identificar actos que pudieran implicar violaciones a la ley, al estatuto o a los reglamentos de la entidad, y recabar cualquier otra información necesaria para el ejercicio del control estatal. Ese punto muestra que la ofensiva no se limita al último balance, sino que apunta a reconstruir el funcionamiento económico de la Superliga en relación con el fútbol argentino.

En el Ministerio de Justicia distinguen ese expediente del frente abierto con la AFA. La conducción de Tapia viene resistiendo la veeduría y mantiene judicializada la discusión sobre las facultades de control del Gobierno nacional. La Casa Rosada busca evitar una medida que pueda ser objetada por prematura mientras la Cámara Civil no se pronuncie, pero al mismo tiempo sostiene la presión sobre el costado documental de la investigación.

La Ley 22.315 habilita a la IGJ a sancionar a asociaciones civiles, fundaciones y entidades que no provean información, entreguen datos falsos, infrinjan obligaciones legales o estatutarias, o dificulten el ejercicio de las funciones de fiscalización del organismo. El esquema sancionatorio incluye apercibimientos, publicación a cargo del infractor y multas.

Caputo aclaró que la baja de retenciones no dependerá de la recaudación y dio un cronograma fijo hasta 2028

Economía & Negocios

El ministro de Economía dio detalles sobre la reducción de impuestos a las exportaciones del agro y la industria. "Lo que anunciamos es efectivamente lo que vamos a hacer", dijo.