La aprobación de la "Ley Hojarasca" en la Cámara de Diputados dejó un llamativo cruce político tras la decisión del bloque del kirchnerismo de votar en contra del proyecto general. Al rechazar la iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, la principal bancada opositora terminó votando en contra de la derogación de un amplio conjunto de leyes que fueron dictadas por presidentes de facto durante las dictaduras de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla.

El proyecto enviado por el Gobierno de Javier Milei tiene como propósito depurar el digesto jurídico argentino mediante la eliminación de normas que perdieron vigencia material, quedaron obsoletas por el avance tecnológico o restringen libertades individuales. Dentro de ese listado de más de 70 leyes a suprimir, una parte significativa corresponde a decretos y normativas de administraciones militares que nunca fueron derogadas formalmente, a pesar de haber sido superadas por legislaciones posteriores.

Entre las normas de origen de facto que el oficialismo busca dar de baja y que la oposición rechazó derogar, se encuentran regulaciones sanitarias y de control del período de Videla. Es el caso de la Ley N° 22.109 de 1979, que faculta el aislamiento obligatorio de enfermos o sospechosos de viruela (una enfermedad erradicada y superada por la Ley de Vacunas 27.491), y la Ley N° 21.778 de 1977, que habilitaba a empresas estatales a firmar contratos de explotación de hidrocarburos bajo un marco que quedó totalmente desactualizado.

Diputados aprobó la "Ley Hojarasca" para derogar más de 70 leyes obsoletas

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La iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado obtuvo 138 votos afirmativos en la Cámara baja. Mientras el oficialismo defendió la medida como un paso clave para desarmar el "laberinto regulatorio" y eliminar la burocracia, la oposición dura la tildó de "cortina de humo" para avanzar en el desmantelamiento del Estado.

Asimismo, el paquete incluye disposiciones del gobierno de Onganía, como la Ley N° 17.557 de 1967, referida a la regulación de equipos de rayos X que ya fue reemplazada por una norma de 2013, y la Ley N° 18.569 de 1970, que obliga al uso del sistema de microfilmación para la documentación en el ámbito militar, un mecanismo calificado por el Poder Ejecutivo como arcaico frente a la digitalización actual. También figuran en la lista la Ley N° 21.895 de 1978, que autorizaba el inicio de las transmisiones de televisión a color, y la Ley N° 19.648 de 1972.

Desde el punto de vista de las libertades públicas, la iniciativa oficialista propuso la eliminación de la Ley N° 18.312 de 1969, sancionada por la dictadura de Onganía, la cual creaba el Fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y de celulosa. Según los fundamentos del Ministerio de Desregulación, dicha norma contenía disposiciones que históricamente buscaron restringir de manera indirecta la libertad de expresión en el país.

A pesar de que el texto apuntaba a limpiar el marco normativo de estos resabios de los gobiernos de facto, el bloque de Unión por la Patria mantuvo su postura de rechazo orgánico a la agenda de desregulación de la Casa Rosada y votó de forma negativa en el recinto, alineándose con las críticas que tildan a la ley de ser una herramienta de distracción política.