La Legislatura de Tucumán aprobó este jueves de forma unánime una ley de ficha limpia y se convirtió así en la novena provincia del país en inhabilitar a candidatos y funcionarios con condena confirmada en segunda instancia.

La medida, impulsada por el oficialista Gerónimo Vargas, igualó a la provincia con Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Córdoba.

La sanción del proyecto llegó una semana después de que el Gobierno nacional propusiera retomar la discusión en el Congreso tras el fracaso del primer intento el año pasado. Sin embargo, esta vez Ficha Limpia quedó dentro de una propuesta más amplia que incluye cambios al financiamiento de los partidos políticos y la eliminación de las PASO.

En ese contexto, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se pronunció en contra del proyecto nacional, al que calificó de "traje a medida para La Libertad Avanza", aunque su crítica principal giró alrededor de la eliminación de las primarias.

Qué dice la ley de ficha limpia tucumana

Según la nueva ley, quedarán impedidos de ser candidatos o de ocupar cargos jerárquicos en los tres poderes del Estado quienes tengan condenas penales por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.

Ese punto generó discusión durante el debate parlamentario, ya que sectores de la oposición pujaban para que la prohibición aplicara a condenas de primera instancia.

El texto aprobado por la Legislatura tucumana fija que la inhabilitación se aplicará cuando exista una condena firme en segunda instancia por delitos considerados graves, con penas iguales o superiores a tres años.

Entre los delitos contemplados figuran corrupción, defraudación contra la administración pública, narcotráfico, delitos contra la integridad sexual y crímenes de lesa humanidad.

Además, la ley incorpora un elemento novedoso: también podrán quedar alcanzadas las personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios, lo cual amplía el concepto de "ficha limpia" más allá del ámbito penal.

A su vez, la ley tucumana también crea mecanismos de control y transparencia. Entre ellos, prevé la implementación de registros públicos y la obligación de presentar declaraciones juradas, para garantizar que los requisitos se cumplan efectivamente y no queden en una mera formalidad.

Durante el debate, los legisladores coincidieron en que la ley responde a una demanda social creciente por mayor transparencia y calidad institucional. Se la presentó como un intento de reconstruir la confianza ciudadana en la política, en un contexto marcado por reiterados casos de corrupción en distintos niveles del Estado.