En busca de la verdad
En busca de la verdad
Los abogados de la Argentina habían firmado con el grupo de acreedores un acuerdo definitivo para cerrar el litigio que quedó sujeto a la aprobación del parlamento. En el oficialismo entienden que esta iniciativa le da mayor solidez política.
El Gobierno envió finalmente al Congreso el proyecto para habilitar el pago del acuerdo con los fondos que seguían litigando contra la Argentina por la deuda en default de 2001.
El documento lleva la firma del presidente Javier Milei, del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos de los fondos que mantenían fallos firmes contra el país por la cesación de pagos declarada hace más de dos décadas.
La disputa arrastraba reclamos por cerca de US$600 millones entre ambos expedientes, aunque distintas fuentes ligadas al caso remarcan que el monto final del acuerdo sería inferior, ya que parte del colateral de los bonos Brady ya había sido ejecutado por los acreedores.
La base formal del movimiento había quedado asentada en los tribunales de Nueva York. En una presentación del 10 de abril ante la jueza Loretta Preska, los abogados de la Argentina informaron que el 1 de abril las partes firmaron un acuerdo definitivo y que ese entendimiento quedó sujeto a la aprobación del Congreso argentino. En el mismo escrito señalaron además que el convenio estaba previsto para ser enviado al Congreso los días venideros.
Según lo acordado, ambas partes "reconocen por el presente que, con posterioridad a la notificación de aprobaciones necesarias, la República abonará a Bainbridge un pago único en efectivo por el monto total de US$67.000.000?.
El presidente Javier Milei en su mensaje por cadena nacional por el fallo de Estados Unidos a favor por la expropiación de YPF.
De esta manera, si se aprueba, Bainbridge entregará los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, que dispondrá la cancelación de dichos bonos una vez realizada la entrega.
La negociación también permitió congelar, al menos por ahora, otras medidas de ejecución que seguían abiertas en Estados Unidos. Entre ellas estaba el intento de Bainbridge de avanzar sobre activos estatales como las acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, un frente que quedó en pausa mientras se termina de formalizar la salida legislativa del conflicto.
"Las partes acuerdan una suspensión de los litigios y de los bonos objeto de los mismos o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002 y acuerdan no iniciar nuevas acciones respecto a los bonos objeto de acuerdo, con la salvedad de que cada parte se reserva el derecho de adoptar medidas para preservar o hacer valer su postura respecto de resoluciones y estipulaciones previamente celebradas por las partes", plantea el escrito.
Y aclara: "A fin de evitar dudas, Bainbridge acuerda que no realizará, ni hará que sus afiliados, agentes o abogados realicen directa o indirectamente acción alguna, inicien ningún proceso ni efectúen presentación alguna que pudiera esperarse que dificulte, demore, obstaculice o afecte de cualquier otro modo en forma adversa cualquier operación de obtención de capital, gestión de pasivos, oferta de canje, refinanciación u otra operativa llevada a cabo por la República".
"Bainbridge acepta el pago en virtud del acuerdo como cumplimiento total y cancelación de todos los reclamos (ya sea por capital, intereses, intereses punitorios, honorarios, reintegro de gastos o cualquier otro concepto) que pudiera tener en virtud de las sentencias, ligitios o bonos objetio del acuerdo. Libera y exonera en forma total y definitiva a la República de toda obligación, compensación por daños y perjuicios, etc.", detalla.
La decisión de enviar un proyecto al Congreso muestra que el oficialismo busca cerrar uno de los litigios remanentes del default de 2001 con aval parlamentario y no solo con una firma administrativa. En el Gobierno entienden que esa vía reduce el margen de futuras impugnaciones y le da mayor solidez política a un acuerdo que, por ahora, se mantiene bajo reserva.
El subdirector general para Estados Unidos del Ministerio de Exteriores de Cuba, Alejandro García del Toro, ministro del régimen isleño
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