Javier Milei está considerando la creación de un fondo para la compra de armamento, financiado con el 10% de los ingresos provenientes de la venta de activos estatales. Esta iniciativa busca destinar parte de los ingresos por privatizaciones, venta de terrenos y otros bienes públicos al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, mediante un esquema que el gobierno planea implementar por decreto o una normativa de mayor alcance.

El Gobierno argumenta que esta idea forma parte de una nueva etapa de la reforma del Estado que se acelerará en 2026. El objetivo es vincular una porción de los recursos extraordinarios obtenidos por ventas con inversiones de capital para Defensa, reduciendo activos públicos y reforzando la capacidad material de las Fuerzas Armadas.

El plan se basa en dos líneas de acción paralelas: la habilitación de nuevas herramientas para ejecutar las privatizaciones previstas en la Ley Bases y su reglamentación, y la autorización a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para vender inmuebles nacionales declarados "innecesarios para la gestión estatal", incluyendo terrenos de las fuerzas armadas.

En el Gobierno reconocen que el punto más complejo es el destino de los fondos, ya que la Ley de Administración Financiera (24.156) exige que los recursos con afectación específica se establezcan por ley, generando debate sobre la viabilidad de crear un fondo de estas características mediante un simple decreto. Esta ingeniería jurídica aún está en estudio.

La referencia inmediata es el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado en 2020 para financiar el reequipamiento militar. Aunque esa norma fijó una asignación específica, la Ley de Presupuesto 2026 derogó el inciso central que le daba una fuente automática de financiamiento.

El Gobierno asegura que el esquema busca financiar un paquete de reequipamiento que excede las compras ya concretadas, como la incorporación de vehículos blindados Stryker, el programa de los F-16 con entrenamiento de pilotos y el financiamiento para helicópteros navales livianos. Se suman proyectos abiertos para submarinos y buques, entre otros.

El Gobierno estima que podría reunir entre US$1500 millones y US$3000 millones para nutrir el fondo, acelerando privatizaciones, venta de terrenos y otros bienes públicos. La apuesta es que esta caja permita sostener compras de gran magnitud sin depender de los ingresos corrientes del Tesoro.

Simultáneamente, se busca acelerar el mapa de privatizaciones previsto para 2026, base fundamental para la proyección de ingresos del fondo. Entre los procesos más avanzados se encuentran Intercargo, Belgrano Cargas y AYSA, mientras que Correo Argentino avanza bajo un esquema de concesión y otros expedientes, como Nucleoeléctrica, siguen demorados. Los equipos técnicos también trabajan en los planes sobre SOFSE, YCRT y nuevos tramos de Corredores Viales.