El Gobierno nacional avanzará en los próximos días con una nueva etapa de reducción de personal en el sector público. En una primera fase, se prevé la salida de entre 5000 y 6000 trabajadores, mientras que la meta anual apunta a recortar cerca del 10% de la planta total del Estado, lo que equivale a más de 27.000 puestos.

La medida alcanza a la administración pública, empresas estatales y organismos descentralizados. Muchas de las bajas se concretarán a partir de contratos que no serán renovados, una modalidad extendida desde hace décadas dentro del propio Estado.

A diferencia de etapas anteriores, donde los recortes se concentraban en áreas centralizadas, ahora el foco está puesto en entes descentralizados. También se evalúa la eliminación de estructuras consideradas redundantes y la aplicación de programas de retiro voluntario en distintas dependencias.

Según datos oficiales, desde diciembre de 2023 ya se redujo significativamente la plantilla estatal, incluyendo una fuerte baja en cargos jerárquicos. El proceso forma parte de una política sostenida de reorganización administrativa orientada a disminuir el tamaño del Estado y optimizar recursos.

El avance de estas medidas se da en un contexto de caída de la recaudación y desaceleración económica, lo que llevó a reforzar el ajuste sobre el gasto público. Las decisiones se toman de manera progresiva, en función de evaluaciones internas sobre el funcionamiento de cada área.