La reunión de la mesa política del Gobierno dejó definida la hoja de ruta legislativa que el oficialismo buscará impulsar en el arranque de las sesiones ordinarias del Congreso. En esa agenda aparecen proyectos vinculados con Discapacidad, modificaciones al Código Penal y temas relacionados con la propiedad privada, entre otras iniciativas que la Casa Rosada considera prioritarias.

Con ese esquema ya delineado, el ministro del Interior, Diego Santilli, pondrá en marcha una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores, en un intento por asegurar respaldos antes de que los expedientes lleguen al recinto.

Según trascendió, el funcionario comenzará a organizar una serie de recorridas por distintas provincias para repetir el mecanismo que el Gobierno ya utilizó en debates legislativos anteriores. En esos antecedentes, Santilli viajó a distintos distritos para sellar entendimientos políticos con los mandatarios antes del tratamiento parlamentario de proyectos sensibles.

En la Casa Rosada consideran que ese vínculo directo con los gobernadores fue clave para reunir apoyos en votaciones complejas, por lo que la decisión ahora es retomar las reuniones mano a mano con los jefes provinciales aliados o dialoguistas.

La estrategia comenzó a tomar forma desde la llegada de Santilli al Ministerio del Interior. Desde entonces, el ministro encabezó encuentros tanto en Balcarce 50 como en diferentes provincias, con el objetivo de consolidar respaldos políticos y ordenar la negociación legislativa antes de cada debate en el Congreso. Ese canal de diálogo, sostienen en el oficialismo, permitió anticipar conflictos y descomprimir tensiones antes de la votación de iniciativas clave.

Pero las negociaciones con las provincias no se limitan al plano parlamentario. En cada reunión, los gobernadores vuelven a poner sobre la mesa una agenda de reclamos que se repite desde hace meses. La reactivación de la obra pública y la discusión sobre un nuevo esquema para los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) figuran entre los planteos más frecuentes.

A esos pedidos se suman las preocupaciones por la transferencia de recursos federales y las deudas previsionales que la Nación mantiene con varias jurisdicciones. Todos esos temas quedaron incorporados al paquete de discusión política que rodea cada negociación legislativa entre la Casa Rosada y las provincias.

El Gobierno, sin embargo, mantiene una condición que ordena todo ese intercambio: la prioridad de sostener el superávit fiscal. Ese criterio explica el filtro que aplica el Ministerio de Economía sobre cada reclamo provincial antes de habilitar cualquier tipo de entendimiento.

Ese mismo límite también define con quiénes está dispuesto a negociar el oficialismo. Las provincias gobernadas por el peronismo duro, entre ellas Buenos Aires, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego, siguen fuera del esquema de conversaciones que el Ejecutivo busca consolidar con mandatarios aliados o de perfil más dialoguista.

En Balcarce 50 entienden, de todos modos, que todavía existe margen para construir acuerdos. Como señal de esa posibilidad, destacan la participación de 11 gobernadores en la "Argentina Week" de Nueva York, un gesto que en el Gobierno leen como una muestra de que aún es posible sostener puentes políticos con varias provincias, incluso en un contexto atravesado por tensiones por fondos, transferencias y reparto de recursos.