La diputada nacional por Mendoza, Mercedes Llano, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley que propone incorporar una evaluación psicológica obligatoria para quienes aspiren a ocupar los máximos cargos del Estado. La iniciativa establece un examen de "Idoneidad Psicológica Funcional" con el objetivo, según sus fundamentos, de garantizar que quienes ejerzan funciones de mando político y representación popular cuenten con aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas compatibles con esas responsabilidades.

De acuerdo con el texto impulsado por la legisladora, el requisito alcanzaría a los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación como condición previa para la oficialización de sus candidaturas ante la Justicia Electoral. También incluiría a los legisladores nacionales electos, que deberían acreditar el examen antes de asumir, y a quienes sean designados en cargos superiores del Poder Ejecutivo Nacional.

La propuesta define la idoneidad psicológica funcional como la posesión de las aptitudes necesarias para el ejercicio del mando político y la representación popular. Además, prevé que la evaluación sea realizada por organismos especializados, independientes y técnicamente idóneos, que serían designados conforme a la reglamentación que eventualmente se dicte.

Uno de los puntos centrales del proyecto es el carácter reservado del procedimiento. Según lo difundido sobre la iniciativa, la evaluación sería estrictamente confidencial y al organismo correspondiente solo se le comunicaría el resultado final bajo dos únicas categorías: "Apto Funcional" o "No Apto Funcional", sin difusión de datos clínicos ni de fundamentos técnicos detallados.

La presentación del proyecto abrió un debate sensible sobre los límites entre el control institucional de los funcionarios y los derechos políticos de quienes buscan acceder a cargos públicos. Por ahora, se trata de una iniciativa parlamentaria que deberá iniciar su recorrido legislativo en comisiones antes de llegar al recinto