La Cámara de Diputados se encamina a reactivar el debate sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil. El miércoles previo a la sesión se reunirá el plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto para firmar el dictamen. Aunque el despacho obtenido en 2025 perdió estado parlamentario, los espacios que participaron de la negociación sostienen que se respetará el texto acordado entonces, con ajustes mínimos.

El punto central -la edad de imputabilidad- ya aparece saldado en la previa. El proyecto original del Ejecutivo planteaba llevarla a 13 años, pero durante el tratamiento legislativo los bloques aliados (PRO, UCR, Coalición Cívica e Innovación Federal) impusieron el límite en 14 años, una postura que volverá a sostenerse y que reúne hoy el respaldo suficiente para obtener media sanción. En paralelo, el esquema fija una pena máxima de 15 años de prisión efectiva para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, por debajo del tope vigente.

Las definiciones se terminaron de cerrar tras una reunión encabezada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, junto a jefes de bloque del oficialismo y sectores de la oposición. Allí se acordó incorporar como único agregado un apartado presupuestario: una respuesta al reclamo de las provincias para que el costo de implementación del nuevo régimen no impacte exclusivamente en sus finanzas. En ese marco, la Casa Rosada se comprometió a habilitar convenios entre Nación y las jurisdicciones para cubrir el gasto adicional que demande el sistema.

Con ese esquema, los bloques aliados descuentan que el oficialismo contará con los votos necesarios para aprobar el dictamen y avanzar luego con la votación en el recinto.

Qué cambia el nuevo Régimen Penal Juvenil

El texto establece los 14 años como edad mínima de punibilidad y prioriza un enfoque que reserva la prisión como último recurso. En la mayoría de los casos, se promueve la aplicación de penas alternativas, entre ellas:

• tareas comunitarias,
  
• prohibiciones de acercamiento a la víctima,
  
• reparación del daño,
  
• monitoreo electrónico,
  
• restricciones para concurrir a determinados lugares o conducir vehículos.

La prisión podrá reemplazarse por sanciones alternativas en delitos con penas de hasta tres años, o de hasta diez años cuando no haya mediado muerte ni violencia grave, siempre con aval del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima.

Además, el proyecto incorpora un abordaje integral de los menores condenados, con la creación de institutos especiales que garanticen acceso a educación y salud, tratamientos por adicciones y equipos con personal especializado en niñez y adolescencia. También fija la prohibición absoluta de convivencia con detenidos adultos y contempla programas de capacitación laboral, asistencia psicológica, seguimiento judicial e intervenciones específicas en situaciones de consumo problemático, salud mental o entornos familiares violentos.