La discusión por la baja de la edad de imputabilidad sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político. Patricia Bullrich respondió a las críticas del gobierno bonaerense y afirmó que en la provincia "siguen más preocupados por cuidar al delincuente que por las víctimas". La senadora, que conduce el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, redobló sus cuestionamientos contra el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, quien había tildado de "política barata y oportunista" al proyecto impulsado por el oficialismo.

El intercambio se dio a través de X, donde Bullrich sostuvo que la respuesta del funcionario "da un poco de gracia y mucha preocupación" porque, según planteó, confirma que "no van a cambiar nunca el chip con la seguridad". En la misma publicación, cuestionó lo que consideró un repertorio de consignas vacías sobre "planes integrales" y "abordajes", y apuntó a la situación del conurbano, al que describió como "un mar de delitos". Además, utilizó un caso puntual -el de un adolescente llamado Jeremías, según mencionó- para argumentar que la Ley Penal Juvenil "también es una cuestión de edad" y que la falta de consecuencias alimenta la impunidad.

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Con sesiones extraordinarias desde este martes, la Casa Rosada apunta a tratar el proyecto entre el 11 y el 12 de febrero para girarlo a Diputados antes del 13. Gobernadores presionan por fondos y coparticipación, mientras los aliados piden límites más claros a las facultades del Ministerio de Economía.

Alonso había sido el primero en marcar distancia con el enfoque del oficialismo. En su mensaje, sostuvo que "no se puede creer" que Bullrich "siga apropiándose del dolor de las víctimas" para hacer "una campaña política barata y oportunista" y afirmó que el problema "es mucho más complejo que reducir todo a una cuestión de edad". En esa línea, agregó que la minoridad "no se aborda con slogans, ni con chicanas" y citó a la Conferencia Episcopal Argentina para enfatizar la necesidad de priorizar prevención e integración juvenil con políticas públicas e inversión sostenida.

Detrás del cruce discursivo asoma una disputa de fondo: cómo combinar un eventual cambio en la edad con un sistema específico de abordaje penal juvenil, con dispositivos de contención, programas socioeducativos y recursos para provincias y municipios. Ese punto aparece como la línea divisoria entre quienes piden acelerar una reforma con énfasis punitivo y quienes reclaman que cualquier modificación venga acompañada de un esquema integral de implementación.

El enfrentamiento también funciona como anticipo de un debate más amplio que el oficialismo busca instalar en el Congreso: la reforma del régimen penal juvenil. Con posiciones ya endurecidas y el intercambio trasladado a redes, el escenario inmediato promete más tensión política y una discusión pública que, además de lo jurídico, se juega en el terreno simbólico: víctimas, responsabilidades estatales y el límite entre prevención y sanción.