Con el inicio inminente de un nuevo período de sesiones extraordinarias, el oficialismo se prepara para empujar una de sus apuestas centrales del verano: la reforma laboral. El plan, admiten en despachos del Ejecutivo, es sesionar en el Senado entre el 11 y el 12 de febrero para obtener la aprobación en la Cámara Alta y enviar el texto a Diputados antes del 13. La pulseada excede el contenido del articulado: en la Casa Rosada buscan llegar al 1° de marzo -cuando Javier Milei abra el período ordinario- con un triunfo parlamentario que ordene la dinámica legislativa y refuerce el control político sobre la agenda.

El proyecto, sin embargo, llega a la recta final con arrastre y condicionamientos. Desde diciembre, cuando consiguió dictamen de mayoría, quedó atrapado en un esquema de negociaciones cruzadas entre el oficialismo, los bloques dialoguistas y el ala económica del Gobierno. En ese mapa, Patricia Bullrich concentró los contactos finos para sostener adhesiones en la Cámara alta, mientras Luis Caputo retuvo bajo análisis las modificaciones más sensibles. La estrategia oficial ahora pasa por sumar acuerdos con gobernadores que inciden sobre sus senadores, aunque el propio oficialismo reconoce que esa vía no alcanza: persisten resistencias de legisladores con autonomía política y sin un anclaje provincial determinante.

El principal foco de tensión sigue siendo fiscal. En un contexto de caída de recursos y obra pública frenada, varios mandatarios provinciales advirtieron sobre dificultades crecientes para sostener gastos básicos y sobre el deterioro de infraestructura, especialmente en rutas y corredores productivos. En paralelo, se multiplicaron los planteos para reactivar áreas críticas y destrabar partidas, con reclamos directos hacia el equipo negociador. En el Gobierno admiten que la discusión por la coparticipación -y su impacto en las finanzas provinciales- es el eje que más condiciona los votos, incluso por encima de los artículos estrictamente laborales.

Reforma laboral: el Gobierno dice tener "más de 40" votos en el Senado y negocia un puente fiscal con las provincias

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La Casa Rosada asegura que acordó cambios "jurídicos" con bloques dialoguistas para blindar la media sanción en la Cámara Alta. La baja de Ganancias a sociedades, el punto más sensible para los gobernadores, quedaría por ahora en pausa, mientras se evalúan compensaciones y se abre una nueva pulseada en el CFI.

En el plano técnico, los aliados también apuntan a un aspecto que consideran clave: la precisión de plazos y límites en las facultades que el dictamen le otorga al Ministerio de Economía para reglamentar instrumentos centrales, como el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y otras herramientas tributarias asociadas al paquete. Según fuentes legislativas, parte de esos puntos ya se habrían ajustado, aunque el texto final se mantiene bajo reserva para evitar costos anticipados en la negociación. Mientras tanto, la discusión sobre el "corazón" laboral del proyecto quedó en segundo plano, con un kirchnerismo de bajo perfil en el Senado y con la atención puesta en el poroteo fino.

La negociación entra así en su tramo decisivo, con definiciones previstas para los próximos días dentro de la bancada radical y otros bloques dialoguistas. El Gobierno apuesta a cerrar el paquete antes de que el calendario lo encierre: si logra la sesión entre el 11 y el 12, no sólo gana tiempo para Diputados, sino que llega con impulso político a la apertura ordinaria. Si no, quedará expuesto a una dinámica más incierta, con gobernadores en modo presión y un Congreso que, desde marzo, suele reordenar prioridades y costos.