Lo acusan de montar y financiar una estructura destinada a la producción y difusión de noticias falsas en redes sociales
La Justicia federal de Salta imputó este jueves al exdiputado nacional de Unión por la Patria Emiliano Estrada, a quien se acusa de los delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios.
La investigación sostiene que, durante su mandato legislativo, el exlegislador kirchnerista habría utilizado recursos del Estado para montar una estructura destinada a la producción y difusión de noticias falsas en redes sociales, con el objetivo de vincular al gobierno provincial salteño con actividades relacionadas al narcotráfico.
La causa judicial pudo avanzar recién después de que Estrada perdiera los fueros parlamentarios que lo protegían. Su mandato como diputado nacional finalizó el pasado 10 de diciembre, lo que habilitó a la Justicia a formalizar la imputación. Hasta ese momento, el expediente había quedado virtualmente paralizado debido a las inmunidades propias del cargo legislativo.

El pedido de desafuero había sido presentado en junio por el fiscal general Carlos Martín Amad. Sin embargo, una serie de planteos procesales, inhibiciones de competencia y apelaciones demoraron el tratamiento del caso. Estos obstáculos judiciales se extendieron durante meses, hasta que concluyó el período legislativo de Estrada y la Justicia federal pudo retomar el impulso de la investigación.
La imputación fue finalmente avalada por la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, quien hizo lugar a la solicitud del Ministerio Público Fiscal.
El origen de la causa se remonta a una derivación de la Justicia provincial, luego de que la Fiscalía de Ciberdelincuencia determinara que el exdiputado habría ordenado la elaboración y difusión de una serie de videos anónimos. Según la acusación, esos contenidos buscaban instalar temor social y sospechas de connivencia entre autoridades provinciales y el crimen organizado.
De acuerdo con la investigación, los materiales audiovisuales habrían sido producidos y difundidos por dos asesores del Congreso Nacional que dependían funcionalmente de Estrada y ocupaban cargos rentados. La acusación sostiene que se utilizaron recursos públicos para financiar estas acciones, lo que constituye el núcleo de los delitos imputados.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Amad subrayó que la imputación no se vincula con la libertad de expresión política del exlegislador. Según explicó, el foco de la causa está puesto en el abuso de autoridad y en el desvío de fondos estatales para un fin indebido, como lo sería financiar campañas anónimas orientadas a manipular o intimidar a la opinión pública. También remarcó que estas conductas exceden las facultades parlamentarias y vulneran la Ley de Ética Pública.
En ese contexto, el fiscal destacó que los hechos investigados no están amparados por las protecciones que resguardan a los legisladores por sus expresiones en el recinto o en los medios de comunicación. Según la acusación, el armado clandestino de videos anónimos, solventados con dinero público, se aparta de cualquier marco de inmunidad parlamentaria.
Cabe recordar que Emiliano Estrada fue uno de los nueve "economistas" que en noviembre pasado visitaron a la corrupta condenada Cristina Fernández de Kirchner en el domicilio de San José 1111, encuentro que posteriormente derivó en restricciones al ingreso de personas a la residencia donde la expresidente cumple prisión domiciliaria.
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El expresidente, por el momento, aseguró que no va a reclamar el dinero que puso en las arcas del club desde su asunción en 2023.