El Gobierno puso en marcha este sábado 1° de noviembre la llamada "normalización" del mercado eléctrico, un proceso de desregulación comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que apunta a reducir el gasto público y achicar los subsidios energéticos en los próximos años.

La estrategia combina aumentos en las facturas de luz y gas, modificaciones en el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y la eliminación de fondos fiduciarios, salvo el destinado a zonas frías. El objetivo, según fuentes oficiales, es avanzar hacia un esquema de precios reales y mayor participación privada en la generación y distribución.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió la hoja de ruta ante la comisión de Presupuesto del Congreso: "Queremos bajar el peso de los subsidios del 0,6% del PBI al 0,5% el año que viene". Según detalló, los hogares de ingresos altos pagarán la tarifa plena; los de ingresos medios, el 67%; y los de ingresos bajos, el 43%. En promedio, los usuarios residenciales pasarán a cubrir el 67% del costo mayorista, frente al 53% actual.

La resolución 400/2025, publicada esta semana, formaliza la desregulación del MEM, en línea con la Ley Bases. El nuevo esquema de precios marginales busca eliminar distorsiones generadas por la intervención estatal y restablecer señales de mercado. En esta etapa, el Estado dejará de participar directamente en la compra y administración de energía para concentrarse en su rol regulador.

El diseño incluye la creación de un mercado a término para energía y potencia, con contratos directos entre generadores, distribuidoras y grandes usuarios. Además, cada generador térmico deberá adquirir sus propios combustibles, mientras que Cammesa mantendrá funciones de despacho y proveedor de última instancia.

La secretaria de Energía, María Tettamanti, afirmó que el calendario de reformas "apunta a descentralizar la gestión de combustibles y la contratación de energía", y subrayó que la estabilidad macroeconómica será clave: "Sin estabilidad fiscal y cambiaria, no hay política pública que funcione".

El sector privado, por su parte, valora la apertura a la competencia, aunque anticipa un período de transición con mayores costos. Se estima que los usuarios industriales afrontarán un incremento de entre 8 y 10 dólares por megavatio hora (MWh).

En paralelo, el Ejecutivo prepara una licitación de obras de transmisión eléctrica con foco inicial en el AMBA, por unos 1100 millones de dólares, que se financiarán con aportes privados y se recuperarán a través de las tarifas de los usuarios beneficiados.

El verano próximo podría poner a prueba el sistema. Tanto funcionarios como empresas advierten que una ola de calor prolongada podría generar cortes, aunque el Gobierno prevé mecanismos de incentivo para reducir la demanda en picos.

Desde el oficialismo aseguran que el proceso permitirá construir un sistema energético más eficiente y sostenible, aunque reconocen que el camino hacia la estabilidad implicará un período de ajuste en precios, inversiones y calidad del servicio.