Tras el receso invernal, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado volvió a abrir el debate sobre los proyectos que buscan ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La jornada contó con la participación de expertos constitucionalistas convocados por los legisladores, aunque desde el oficialismo ya anticiparon que no habrá definiciones antes de las elecciones de octubre.

La senadora Alejandra Vigo, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, adelantó que en el próximo encuentro intentará sumar una voz representativa del Poder Ejecutivo, pese a que desde la Casa Rosada aún evitan fijar una postura pública sobre el tema.

El abogado constitucionalista Diego Armesto fue el encargado de abrir el panel de expositores. En su intervención, destacó la falta de paridad de género en la historia del máximo tribunal: "Se han designado 109 jueces, donde solamente tres fueron mujeres. Solo el tres por ciento del total", advirtió. Para Armesto, esta disparidad refleja una "desigualdad estructural" que el sistema democrático aún debe saldar.

Respecto a la propuesta de ampliar el número de jueces de la Corte, Armesto fue crítico. "Algunos sostienen que más integrantes agilizarían los fallos, pero la experiencia demuestra lo contrario: a mayor cantidad de magistrados, más extensa es la circulación de expedientes y más lento el proceso de resolución", sostuvo.

También cuestionó los proyectos que impulsan una distribución geográfica de los miembros del tribunal en nombre del federalismo, como el presentado por la senadora Juliana Di Tullio. "Si aplicáramos ese criterio, deberíamos tener 23 jueces -uno por cada provincia- o incluso 24 si se incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", ironizó.

Si bien el debate técnico se reactivó, el clima político sugiere que no habrá avances concretos hasta después de los comicios, en un tema que divide aguas tanto dentro del oficialismo como en la oposición.