En medio de la discusión sobre las reformas estructurales que el gobierno de Javier Milei tiene previsto llevar adelante en la segunda parte de su mandato, la reformulación de la legislación laboral se ha destacado como uno de los puntos clave. En este sentido, el Ejecutivo está preparando proyectos de reforma que se enviarán al Congreso en diciembre próximo, con la esperanza de contar con una representación fortalecida en ambas cámaras, tras las elecciones.

El año pasado, el oficialismo logró introducir modificaciones en la legislación laboral mediante la Ley Bases, que incluyó cambios como la promoción del empleo registrado, la creación de una figura para trabajadores independientes con colaboradores y ajustes en la indemnización por despido, entre otros. Sin embargo, uno de los problemas persistentes en la agenda laboral del gobierno es el aumento de la litigiosidad, especialmente por la aplicación de multas e intereses que las empresas consideran excesivos, junto con una creciente actualización judicial de los montos indemnizatorios que ha generado un clima de incertidumbre para las empresas.

El aumento de la litigiosidad laboral ha tenido un impacto directo en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que enfrentan una presión constante debido a los altos costos legales derivados de juicios laborales. Según un informe, en 2024 se alcanzó un récord de 125.842 casos de juicios laborales, lo que representa un aumento del 7% respecto al año anterior. Para 2025, se proyecta que las demandas laborales superen los 132.000 casos. Este fenómeno, denominado "industria del juicio", ha generado un desafío significativo para las PyMEs, que representan una gran parte del empleo privado registrado en el país.

Más del 50% de las PyMEs enfrentan litigios laborales, y si el 20% de estas empresas se viera obligada a cerrar debido a juicios, el impacto sería devastador para el empleo, con la posible pérdida de hasta 800.000 puestos de trabajo, según estimaciones de los analistas.

El impacto de las demandas laborales también se refleja en las decisiones judiciales que han incrementado drásticamente los montos de indemnización. En el caso "Oliva", por ejemplo, la Corte Suprema declaró inconstitucional la sentencia de la Cámara del Trabajo, que había elevado el monto de la indemnización de $2.107.531 a $165.342.185, un aumento del 7.745%. Similarmente, en el caso "Lacuadra", la Corte también consideró que la indemnización era desproporcionada y ordenó una nueva sentencia. A pesar de estas intervenciones, los tribunales inferiores no siempre acatan estas decisiones, lo que deja a muchas empresas expuestas a fallos arbitrarios que pueden poner en peligro su viabilidad económica.

Abogados y expertos en el tema han señalado que la actual situación de la Justicia Laboral es uno de los principales obstáculos para la modernización de la legislación laboral y la creación de empleo registrado. Según el abogado Carlos Cedro, la influencia de la doctrina de Héctor Recalde en la Justicia Laboral, apoyada por la CGT y los sindicatos, ha obstaculizado cualquier intento de reforma, impidiendo la generación de empleo formal y condenando a las PyMEs a desaparecer.

Un caso ejemplar citado por Cedro es el litigio de una médica psiquiatra que trabajó en una clínica y reclamó una indemnización exorbitante de $125 millones, una cifra que es 6.925% mayor a la que resultaría de aplicar la indemnización tarifada según la Ley de Contrato de Trabajo. Este tipo de situaciones, según Cedro, refleja la "industria del juicio" y la desproporción de los fallos laborales.

El gobierno de Milei ha identificado la necesidad de reformar la legislación laboral como una de sus prioridades para el segundo tramo de su mandato, con el objetivo de reducir la carga impositiva y los costos laborales, y fomentar la formalización del empleo. Sin embargo, el desafío radica en equilibrar los intereses de las PyMEs y los trabajadores, así como enfrentar las resistencias dentro de la Justicia y los sindicatos, que defienden los derechos laborales adquiridos.