El cierre de listas en la provincia de Buenos Aires desató una fuerte controversia, no solo por la definición tardía del peronismo, sino también por la proliferación de candidaturas presuntamente testimoniales que reavivan el debate sobre la responsabilidad de los dirigentes que ocupan actualmente otros cargos.

En la boleta de Fuerza Patria figuran la vicegobernadora Verónica Magario como cabeza de lista en la Tercera Sección, y varios intendentes, como Diego Nanni (Exaltación de la Cruz) y Mario Ishii (José C. Paz), quienes hasta el momento no confirmaron si asumirán en caso de ser electos. En contraste, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, aseguró que dejará su cargo para asumir como legisladora si resulta electa.

El escenario no es nuevo, ni tiene una regulación específica. Actualmente no existe ninguna legislación que obligue a los candidatos electos a asumir el cargo, lo que habilita este tipo de maniobras. El antecedente más resonante ocurrió en 2009, cuando se intentó impugnar la candidatura de Daniel Scioli, entonces gobernador bonaerense, a diputado nacional. La Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó el planteo por falta de pruebas que demostraran su intención de no asumir.

En su fallo, los jueces fueron categóricos: "No puede exigírsele a la Justicia desentrañar las intenciones, propósitos o planes íntimos de quienes se presentan al electorado", afirmaron, y recordaron que "resolver sobre la base de hipótesis o sospechas escapa a las atribuciones del Poder Judicial".

El proceso de impugnación

Toda lista electoral atraviesa diferentes instancias de control. La primera corresponde a las juntas electorales partidarias o de alianzas, que verifican los requisitos formales de cada postulación. Luego, si existen objeciones, cualquier ciudadano puede impugnar una candidatura ante el juez federal con competencia electoral, y eventualmente, la Cámara Nacional Electoral actúa como instancia de apelación.

El abogado Gonzalo Bär, especialista en derecho electoral, explicó que la ley actual no contempla sanciones para quienes no asumen una banca, aun cuando hayan sido electos. "Hubo varios proyectos legislativos para sancionar este tipo de prácticas, pero nunca prosperaron. Ya sea por no asumir, por cambiar de bloque o incumplir promesas de campaña, hoy no hay consecuencias jurídicas", señaló.

De esta manera, aunque las candidaturas testimoniales generan descontento y denuncias por parte de la oposición y sectores del electorado, la Justicia no tiene herramientas legales para impedirlas o sancionarlas. La falta de una ley específica deja la discusión en el terreno político y ético.