El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes que el presidente Javier Milei firmó un decreto que dispone el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con otros organismos del área de transporte y seguridad vial. La decisión se produce días después de que la Justicia confirmara la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por hechos de corrupción vinculados a la obra pública.

"Este organismo se creó para simplificar la corrupción", afirmó Adorni durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, en referencia a la Dirección Nacional de Vialidad. Según explicó, el decreto presidencial también establece el cierre de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El Gobierno planea, además, una reestructuración de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a denominarse Agencia de Control y Concesiones de Servicios Públicos del Transporte. Esta nueva entidad será responsable de la fiscalización de las concesiones viales y de los actos administrativos vinculados.

En el mismo anuncio, Adorni anticipó que se abrirá una licitación para la concesión de 9.120 kilómetros de rutas, cuya infraestructura, aseguró, "se vio degradada como nunca antes en la historia" debido a años de mala gestión y presunta corrupción.

"La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el Presidente", declaró Adorni, quien además destacó que las medidas adoptadas se amparan en las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló que la reforma tiene un fuerte componente simbólico. "Empieza con un símbolo, termina con un símbolo. Empieza con el INADI, que representa el uso ideológico del Estado, y termina con Vialidad, que es el ícono de la corrupción kirchnerista", sostuvo el funcionario.

El anuncio forma parte del plan de reorganización del Estado impulsado por el Gobierno libertario, que en los últimos meses avanzó con una serie de reformas estructurales bajo el lema de reducir el gasto público y combatir lo que considera una "estructura estatal parasitaria".