La Casa Rosada evita pronunciarse sobre la condena y apuesta a enfocarse en la campaña, mientras refuerza la seguridad ante posibles protestas.
Tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, el Gobierno nacional decidió mantenerse al margen de cualquier manifestación pública directa sobre el fallo. En Balcarce 50 sostienen que se trata de una decisión del Poder Judicial y que el Ejecutivo no tuvo ni tiene injerencia en el proceso.
"No tenemos ni tuvimos nada que ver con esta condena. De hecho, no pudimos poner jueces en la Corte", fue el mensaje transmitido internamente, según fuentes oficiales. En ese marco, se instruyó a los ministros y voceros a no opinar públicamente sobre el tema o, en su defecto, a hacerlo con extrema cautela.
A diferencia de referentes del PRO que celebraron el fallo, la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) no emitió ningún comunicado oficial, y el Ejecutivo optó por evitar un tono triunfalista, aun cuando el fallo representa un cambio significativo en el escenario político.
Carlos Menem fue el último condenado. Estuvo 5 meses con domiciliaria en una quinta por la venta de armas y lo liberó la Corte por asociación ilícita.
Ante la posibilidad de manifestaciones y cortes, el Gobierno reforzó la seguridad en edificios públicos, como la Casa Rosada, que fue vallada desde la mañana. También se habilitó el despliegue de fuerzas federales en accesos clave, como autopistas y puntos neurálgicos del conurbano, donde organizaciones como SMATA y el Movimiento Evita encabezaron protestas.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, tenía previsto activar el protocolo antipiquetes en caso de disturbios en la Ciudad de Buenos Aires. "Si rompen cosas o frenan el paso, nos conviene porque la gente se enoja", señalaron desde el oficialismo en tono pragmático.
Desde la mesa política de La Libertad Avanza, reconocen que la inhabilitación de Cristina Kirchner altera el esquema de polarización electoral que se había planificado para las legislativas del 7 de septiembre, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
La baja de Cristina como candidata obliga a redefinir la estrategia, aunque en el oficialismo relativizan la posibilidad de que sus votos se transfieran automáticamente a otros candidatos opositores. "Si fuera así, los candidatos de Milei sacarían cincuenta puntos en todas las provincias, y eso no pasa", remarcaron.
El expresidente publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que opinó sobre la decisión de la Corte de ratificar la condena a CFK
El foco estará puesto en trasladar el modelo libertario a la provincia, con una campaña centrada en la "discusión de modelos" más que en nombres. En esa línea, La Libertad Avanza buscará contener al PRO y a la UCR bonaerense en un frente ampliado.
A pesar del tono medido, la Casa Rosada no oculta que aprovechará políticamente el nuevo escenario para profundizar divisiones dentro de la oposición. "La unidad no garantiza votos", aseguran en el entorno presidencial, convencidos de que aún con Cristina fuera del juego, el oficialismo puede capitalizar el contexto.