La Corte Suprema de Justicia atraviesa días decisivos. El martes 10 de junio será la próxima reunión plenaria en la que los jueces podrían resolver el expediente más sensible del año: la causa Vialidad, que involucra a la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. El tribunal debe decidir si deja firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, dictada en 2022 y ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2024.

Aunque la resolución aún no está firmada, todo indica que la Corte se inclinaría por rechazar los recursos de la defensa invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar planteos sin abrir debate. Sin embargo, dadas las implicancias políticas y jurídicas del caso, se evalúa que cada juez acompañe con votos fundados.

De confirmarse la condena, Cristina Kirchner quedaría automáticamente inhabilitada para postularse a cargos públicos y enfrentaría la posibilidad de arresto, probablemente domiciliario. El caso volvería al Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2), que debería resolver sobre la ejecución de la pena no solo para la ex mandataria, sino también para los otros ocho condenados, entre ellos Lázaro Báez y José López.

La decisión de la Corte llega en un momento de alto voltaje político. Cristina Kirchner acaba de anunciar su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires, una jugada que podría otorgarle fueros provinciales antes de que la sentencia quede firme. El cierre de listas en ese distrito es el 19 de julio, un mes antes del cierre de candidaturas nacionales.

Ese calendario reduce el margen de maniobra de la Corte si busca que su fallo tenga consecuencias electorales inmediatas. Una condena firme posterior a la oficialización de la candidatura podría complicar -aunque no necesariamente impedir- la aplicación efectiva de la inhabilitación.

Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei observa con atención el desenlace del expediente. Algunos sectores libertarios ven en una Cristina políticamente activa una oportunidad para profundizar la polarización, agitando el discurso anticorrupción y confrontando con una figura emblemática del kirchnerismo.

La situación dentro del máximo tribunal también es excepcional. Tras las salidas de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, hoy solo hay tres jueces activos: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Para emitir un fallo se requiere unanimidad. Si no hay acuerdo entre ellos, deberían convocarse conjueces, como ya ocurrió en otros casos.

Hasta ahora, se prevé que Rosatti y Lorenzetti emitirán votos individuales confirmando la condena. Rosenkrantz, que en su momento habría considerado la posibilidad de revisar la sentencia, se inclinaría ahora por alinearse con sus colegas o redactar un voto propio en el mismo sentido.

La causa Vialidad investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, período que abarca las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Según los fallos ya dictados, existió una maniobra sistemática para favorecer al empresario Lázaro Báez con contratos millonarios.

En diciembre de 2022, el TOF 2 condenó a Cristina por administración fraudulenta, pero la absolvió por asociación ilícita. Esa decisión fue ratificada en 2024 por la Cámara de Casación, que rechazó el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de agravar la pena.

La Corte ya rechazó esta semana un pedido de recusación contra el juez Lorenzetti, presentado por la defensa de Cristina, por considerarlo "manifiestamente inadmisible". Con el dictamen ya emitido por el Procurador General Eduardo Casal, el expediente está listo para ser resuelto en cualquiera de las vías procesales posibles.