El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley que busca facilitar la regularización de activos no declarados, conocidos como "dólares del colchón", mediante una profunda reforma del procedimiento tributario y del régimen penal tributario. El objetivo es incentivar a los contribuyentes a blanquear sus fondos sin riesgo de sanciones penales, en un intento por reactivar el consumo y generar ingreso de divisas.

"Modificaremos los umbrales por los cuales el Estado podía perseguirte por evasión. Le vamos a dar a los ciudadanos todas las instancias necesarias para que normalicen su situación fiscal sin tener un problema penal", explicó este jueves el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA), Juan Pazo, en conferencia de prensa en Casa Rosada. "Es sencillo: te adherís, pagás y te despreocupás", agregó.

Uno de los cambios centrales del texto legal es el incremento de los umbrales para configurar delitos de evasión. Actualmente fijados en $1,5 millones para evasión simple y $15 millones para la agravada, los nuevos límites se elevarán a $100 millones y $1.000 millones, respectivamente. Con esta modificación, Pazo afirmó que de las 7.000 causas abiertas hoy en el fuero penal tributario, solo unas 200 continuarían en curso.

Además, la iniciativa propone reducir el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años, pero solo para quienes adhieran al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias y presenten sus declaraciones juradas en tiempo y forma. Este beneficio funciona como un incentivo directo a la regularización inmediata de activos ocultos.

El Gobierno lanzó una reforma de la Ley Penal Tributaria para fomentar la formalización de dólares no declarados

Argentina

José Luis Espert y Juan Pazo presentaron los lineamientos del proyecto que busca cambiar el paradigma fiscal: se reduce la presión penal, se acortan los plazos de prescripción y se refuerza el régimen simplificado de Ganancias.

Durante la presentación, Pazo insistió en que con esta ley "estamos garantizando que ningún otro Gobierno podrá perseguirlos por su situación patrimonial pasada". Según indicó, ya son 14 las provincias que adhirieron al nuevo sistema, y otras dos firmarían la próxima semana. Sin embargo, algunos gobernadores, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CABA) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), aún se muestran reacios a sumarse.

El nuevo régimen de declaración jurada simplificada del impuesto a las Ganancias estará disponible para personas humanas y sucesiones indivisas residentes, siempre que cumplan los siguientes requisitos al 31 de diciembre del año anterior:

• Ingresos totales anuales menores a $1.000 millones.
  
• Patrimonio total inferior a $10.000 millones.
  
• No ser considerados grandes contribuyentes nacionales por la ARCA.
  

Este proyecto de ley complementa el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros, anunciado semanas atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo. El mismo jueves, la Unidad de Información Financiera (UIF) anunció una flexibilización de los controles de lavado de dinero para transacciones como la compra de autos y propiedades o movimientos bancarios, en un intento por destrabar operaciones y acelerar la regularización patrimonial.

"La norma de la UIF taponó a los que podían preguntar, como los bancos, escribanos y registros. Ahora, el Gobierno busca que el sistema no frene a quienes quieran blanquear", explicó la tributarista Teresa Gómez, aunque advirtió que el proyecto aún enfrenta dos obstáculos clave: su aprobación en el Congreso y el respaldo de la provincia de Buenos Aires.