En una jornada que combinó tensiones políticas con pragmatismo fiscal, varios gobernadores que se reunieron por la mañana en el Centro Federal de Inversiones (CFI) para reclamar la reactivación de la obra pública nacional se trasladaron luego a la Casa Rosada, donde firmaron su adhesión al nuevo régimen de blanqueo de capitales impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El programa, presentado como uno de los pilares de la gestión libertaria, busca incentivar la circulación del dinero en negro, asegurando que no habrá sanciones ni persecuciones fiscales para quienes regularicen su situación. La medida, además de generar polémica, promete recaudación extra para las provincias, especialmente en rubros como el inmobiliario y automotor.

Desde el Gobierno minimizan el doble discurso provincial. "Las quejas por la falta de obra pública y la firma del convenio corren por carriles distintos", afirmaron fuentes oficiales. "Esto les representa cero costo y pueden recaudar impuestos provinciales si se mueve la economía", remarcaron en Balcarce 50, donde Guillermo Francos, jefe de Gabinete, organizó el desfile de gobernadores y ministros provinciales que se comprometieron a no exigir información patrimonial adicional a quienes ingresen al régimen.

El acto de firma reunió a gobernadores como Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis), entre otros. En algunos casos, como Misiones, el convenio fue remitido por vía administrativa pese a la presencia del gobernador Hugo Passalacqua a pocas cuadras del lugar.

En el Gobierno admiten que persisten resistencias de figuras como Gildo Insfrán (Formosa) y Sergio Ziliotto (La Pampa), firmes opositores del oficialismo nacional. También mantienen expectativas de adhesión de Axel Kicillof, cuyo gobierno envió señales ambiguas: mientras el mandatario critica el plan públicamente, su titular de ARBA, Cristian Girard, hizo declaraciones conciliadoras. "Seguramente termine firmando, pero con bajo perfil", deslizaron en la Rosada.

Entre los primeros en adherir al régimen, ya la semana pasada, estuvieron Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), peronistas con buena sintonía con La Libertad Avanza. A ellos se sumaron los gobernadores de PRO, Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Sorprendió la presencia del propio Luis "Toto" Caputo, quien rara vez asiste al Congreso o recibe a mandatarios. Esta vez, decidió estar presente en la firma de lo que considera una de las políticas estrella de su gestión. Posó para las fotos junto a Juan Pazo (titular de ARCA, ex AFIP) y Guillermo Francos, en un gesto inusual de cercanía institucional con los gobernadores.

En paralelo, los mandatarios provinciales preparan un nuevo reclamo formal por la caída de ingresos y paralización de la obra pública, y evalúan proponer un pacto fiscal actualizado con el Ejecutivo nacional.

Aunque las críticas no cesan, en Casa Rosada celebran que el blanqueo tenga "consenso social" y genere recaudación sin conflicto político, incluso entre adversarios ideológicos. Con 14 distritos ya comprometidos y varios más en conversaciones, el Gobierno busca cerrar una foto de unidad fiscal, pese al telón de fondo de tensiones federales.