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El Gobierno restringió la intervención del Estado en las elecciones de autoridades gremiales

Según el Ejecutivo, se trata de un paso para la "libertad sindical". La decisión fue formalizada en el decreto 342.

Miercoles, 21 de Mayo de 2025
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El Gobierno oficializó este miércoles una reforma a la Ley de Asociaciones Sindicales que restringe la participación del Estado en los procesos electorales sindicales. La medida fue publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 342/2025, y establece que el Ejecutivo solo podrá intervenir en caso de acefalía y ausencia de previsiones estatutarias.

Desde el Ministerio de Capital Humano destacaron que la modificación "garantiza el respeto a la autodeterminación de las asociaciones sindicales" y que "ratifica el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus dirigentes".

Entre los principales cambios, la nueva normativa establece que los comicios deberán realizarse en una única jornada, separada de cualquier asamblea salvo justificación excepcional. Además, se actualizaron los procedimientos de convocatoria, padrones, presentación de listas y mecanismos de fiscalización.

En casos de acefalía, el Gobierno podrá designar a un funcionario para que convoque a elecciones en un plazo máximo de 120 días hábiles. El decreto también suprime diversas funciones de fiscalización que anteriormente estaban a cargo de la Autoridad de Aplicación, en línea con el objetivo de reducir la intervención estatal.

La decisión del Ejecutivo de limitar su intervención también se extiende al ámbito educativo. Mediante el Decreto 341/2025, también publicado este miércoles, el Gobierno dispuso que las negociaciones salariales y laborales con los gremios docentes serán competencia exclusiva del Consejo Federal de Educación.

De esta manera, la Secretaría de Educación -dependiente del Ministerio de Capital Humano- dejará de formar parte de las mesas paritarias. Su rol se limitará a refrendar los acuerdos alcanzados o solicitar su revisión si existen objeciones presupuestarias.

La medida se conoce en la antesala de una nueva jornada de protestas convocada por sindicatos docentes, y se enmarca en una estrategia del Ejecutivo para "reducir la intervención estatal y maximizar la eficacia en la gestión pública".