El oficialismo busca aprobar la ley que impide ser candidatos a condenados en segunda instancia, pero las tensiones internas, los cálculos electorales y la influencia de Santiago Caputo ponen en duda el tratamiento en el recinto.
El proyecto de Ficha Limpia, que busca impedir que personas con condena en segunda instancia se postulen a cargos nacionales, quedó envuelto en una red de internas políticas, intereses cruzados y especulaciones electorales que mantienen su futuro en suspenso. Tras haber sido postergado a último momento el 22 de abril, la Cámara de Senadores volverá a intentar tratar la iniciativa en una sesión ordinaria convocada para el próximo miércoles.
La vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, asegura contar con el respaldo suficiente del oficialismo y sus aliados para alcanzar el quórum de 37 senadores y la misma cantidad de votos afirmativos, número necesario por tratarse de una reforma electoral. Sin embargo, en los pasillos del Congreso muchos apuntan a Santiago Caputo, asesor clave de Javier Milei, como el verdadero árbitro de la definición.
La ley Ficha Limpia, propuesta originalmente por la diputada del PRO Silvia Lospennato -quien ahora es candidata a legisladora porteña-, avanzó con impulso oficialista, pero su cercanía con el macrismo incomoda al Gobierno, que ahora evalúa maniobras para no entregarle un triunfo político a la oposición.
El Gobierno propone llevar la edad de imputabilidad a los 13 años. La oposición dialoguista a los 14. UxP llama a mantenerla en los 16 aunque con diferencias internas.
En la última reunión de labor parlamentaria, el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, transmitió a sectores dialoguistas que el Gobierno no tenía apuro en avanzar con la norma. Aunque luego lo negó, varios legisladores confirmaron la versión, entre ellos los senadores Natalia Gadano y Martín Goerling. Para muchos, ese giro se debió a una decisión directa de Caputo, cuyas estrategias ya han determinado otras jugadas parlamentarias.
En este contexto, el senador Martín Lousteau denunció un presunto acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo para frenar Ficha Limpia a cambio de desinflar la comisión investigadora sobre el escándalo cripto $LIBRA, donde la oposición buscaba interpelar a Karina Milei. Curiosamente, Unión por la Patria bajó el tono de sus reclamos, y solo asistió a la comisión el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Los ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), también citados, no asistieron y fueron nuevamente convocados para el 14 de mayo bajo amenaza de comparecer por la fuerza pública.
Además de las disputas internas, los tiempos electorales suman incertidumbre. El domingo 11 de mayo hay comicios provinciales en Salta, Chaco, Jujuy y San Luis, lo que podría hacer que algunos senadores se ausenten con el argumento de estar abocados a sus campañas. El oficialismo teme que esto complique el quórum el día de la votación.
A su vez, se especula con que, si se aprueba la ley, podría modificarse en el Senado para obligar a que el proyecto regrese a Diputados. Algunos senadores misioneros propusieron incorporar un artículo que exija a los candidatos declarar su perfil digital, una modificación menor que podría servir como excusa para dilatar la sanción definitiva.
Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa es que, de aprobarse antes del 17 de agosto -fecha límite para la inscripción de candidaturas-, podría bloquear la posibilidad de que Cristina Kirchner compita por una banca nacional. Aun así, la vicepresidenta podría ser candidata a legisladora bonaerense, ya que la provincia no contempla una ley similar.
Mientras tanto, la sesión del miércoles será clave para despejar la incertidumbre sobre un proyecto que, paradójicamente, el propio oficialismo impulsó pero ahora duda en respaldar con firmeza. Como dijo un veterano senador: "Cuando estemos sentados en el recinto, recién sabremos quién quiere y quién no Ficha Limpia".