En busca de la verdad
En busca de la verdad
El Gobierno denunció la existencia de un presunto mecanismo interno para trabar las auditorías a empresarios ligados al kirchnerismo como Lázaro Báez, Cristóbal López y Alejandro Vandenbroele, entre otros.
El Gobierno difundió la existencia dentro de la ex AFIP de una presunta red de protección a empresarios kirchneristas, que trababa el acceso a información clave de esas personas o de las empresas de las cuales eran propietarios. Figuran en la lista de contribuyentes que revisten interés público, sin razón formal, algunos condenados por la Justicia como Lázaro Báez, Cristóbal López y Alejandro Vandenbroele, entre otros.
La información, a la que tuvo acceso exclusivo Clarín, surge de fuentes de la administración de Javier Milei e involucra a 51 empresas, razones sociales o personas que supuestamente fueron sumadas a la lista de contribuyentes blindados dentro del sistema informático del ente tributario, al que sólo acceden autoridades del máximo nivel en la estructura y en cuya nómina solamente deben figurar aquellos contribuyentes que revisten interés público, o que son considerados "sensibles" en cuanto al manejo de sus datos, como puede ser un presidente o ex presidente, ministros o ex ministros, o representantes de los poderes Legislativo o Judicial.
Sin embargo, en el listado de "intocables" que dio a conocer el oficialismo se incluyó a empresarios que eran investigados en la Justicia, con Báez y López como máximos referentes del kirchnerismo, o a Vandenbroele, facilitador de la compra de la ex Ciccone Calcográfica por decisión del entonces ministro de Economía Amado Boudou.
La revelación, a nivel interno dentro del ente recaudador, se da a un año del inicio de la gestión de Javier Milei y luego de que la AFIP fuera rebautizada como ARCA y quedara a cargo de Juan Pazo, su nuevo titular después de la salida de Florencia Misrahi. Entre los involucrados en la lista aparecen, además de los tres mencionados, otros empresarios o asesores cercanos al kirchnerismo, en muchos casos condenados por causas de corrupción, e incluso la hija de la ex presidenta de Nación Cristina Fernández, Florencia Kirchner.
En la extensa lista de personas y empresas que figuraban en la nómina de la ex AFIP que dio a conocer el Gobierno aparecen 51 personas, empresarios o razones sociales vinculadas mayoritariamente al kirchnerismo, que son las siguientes:
Alucom Austral B.R.L, Martín Antonio Báez, Lázaro Antonio Báez, Kank y Costilla SA, Don Francisco Sociedad Anónima, La Estación Sociedad Anónima Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Badial SA, Austral Cosntrucciones SA, Valle Mitre, IDEA SA, Los Sauces SA, Hotesur, Co Ma, Alcalis de la Patagonia, Oil Combustibles, Casino Buenos Aires, Kamus SRL, Gotti SA, Sucesión de Biancalani Adelmo, Estrellas del Sur SA, Alternativa SA, M&P SA, Diagonal Sur Comunicaciones SA, Servicio Integral Alem SRL, Top Air SA, De Sousa Carlos Fabián. OIL M&S SA, Inversora M&S SA, López Cristóbal Manuel, Indalo Petróleo Inversiones SA, Báez Luciana Sabrina, Ghione Marcelo Américo, Cabrera Pablo Horacio, Organización Turística Sur SRL, Gutiérrez Víctor Fabián, Electroingeniería SA, López Emiliano, López Cristóbal Nazareno, Herrera Daniel Osmar, Sanfelice Osvaldo José, Negocios Inmobiliarios SA, Hotel Waldorf SA, Negocios Patagónicos SA, Carnero Santiago, Cifuentes Mario Víctor, Ciccone Nicolás Tadeo, Vandenbroele Alejandro Paul, Forcieri César Guido, Resnick Brenner Ezequiel, Kirchner Florencia, Mercado Romina de los Angeles, Manzanares Víctor Alejandro y Lakaut SA.
El listado tiene a Báez y López como protagonistas estelares, pero también aparecen los dos hijos de cada uno, sociedades vinculadas a ellos y que fueron objeto de innumerables causas judiciales como Valle Mitre, Hotesur, Los Sauces, Oil Combustibles y Electroingeniería, por citar sólo algunos casos. Además, aparecen personas relacionadas al kirchnerismo, además de Florencia Kirchner, como Romina Mercado, sobrina de la ex presidenta, Víctor Manzanares, su ex contador, y el fallecido Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de Néstor Kirchner.
El capítulo Ciccone tamién tiene su grupo de personas que estaban dentro de la red de protección, como Vandenbroele, el ex jefe de Gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía Guido Forcieri, Ezequiel Resnick Brenner -relacionado al ex mano derecha de Ricardo Echegaray en la AFIP, Rafael Resnick Brenner-, y el propio Nicolás Tadeo Ciccone, de la familia que era dueña de la empresa hasta la intervención de Boudou.
El 17 de diciembre pasado, según información a la que accedió Clarín, a las 15.38 se intentó dentro de ARCA acceder a datos de una empresa y, sorpresivamente, saltó un alerta que identificaba a la compañía dentro de aquellas que "revisten interés público" o que, informalmente se conocen como de tratamiento sensible dentro del organismo.
La empresa en cuestión buscada en el sistema informático EFISCO fue Casino Buenos Aires SA, ligada a Cristóbal López, y que había sido incorporada a la Base de Personas con Trascendencia Pública. El tema fue seguido por el sector de auditorías del ente tributario y se detectó que, en ese caso, y en otros 50 al menos, hubo discrecionalidad al incluirlos en una lista de contribuyentes sensibles sin ningún motivo razonable para que accedan.
Según fuentes del sector, cualquier persona que quiere acceder a información de personas de interés público dentro de ese sistema tienen un minuto para explicar por qué se busca ese dato. Nadie pensaba en la actual estructura que esa compañía aparecía dentro de las empresas que se encontraban catalogadas allí.
Con el paso de los años, en la continuidad de la gestión durante el gobierno de Alberto Fernández, nunca se retocó ese listado discrecional y los protegidos siguieron estando fuera del alcance de la mayor parte de los funcionarios de la ex AFIP, a excepción de quien se encarga del área de auditorías internas, es decir, el subdirector. Los 51 casos en cuestión nunca debieron estar incluidos allí, donde sí el protocolo interno autoriza que figuren personas como presidentes o ex presidentes, ministros o ex ministros o representantes, activos o no, del Poder Legislativo o el Poder Judicial.
El Ejecutivo informó que ahora el director ejecutivo del organismo pasará a cobrar lo mismo que un ministro. "Se terminan los privilegios y el gasto desenfrenado", dijo en X el vocero presidencial Manuel Adorni
