En busca de la verdad
En busca de la verdad
La desaceleración de los precios mayoristas en octubre envalentonó al Gobierno para buscar más medidas que lleven el costo de vida a la zona del 1%
El presidente Javier Milei acaba de asegurar que la economía está en un momento "absolutamente floreciente" y destacó la baja de la inflación. Un dato clave es que cayeron los precios en los productos importados, uno de los rubros en los que el equipo económico está poniendo la lupa para impulsar un descenso de la inflación.
Con ese objetivo, a la reciente decisión de ampliar de u$s1.000 a u$s3.000 el monto para traer productos vía Courier, y otras decisiones vinculadas con alentar la llegada de productos desde el exterior.
La información que manejan las empresas es que esta tendencia se acentuará en las próximas semanas, ya que el Gobierno considera que muchos sectores de la economía aún no ajustaron los precios por la baja del dólar, y mantienen costos estimados a una divisa de u$s1.500.
Para el equipo económico, aún hay camino por recorrer para seguir desacelerando precios. Sobre todo si, como anunció el presidente Javier Milei, se reducirá el ritmo de depreciación del peso del 2% al 1% mensual (crawling peg).
Las expectativas de un dólar quieto ayudaron a reducir los precios importados, y se espera que en noviembre la tendencia se profundice.
El objetivo oficial es que la mejora en algunas actividades empiece a ser acompañada por un rebote del consumo, y la expectativa es que esa mejora ya se empiece a notar en estas Fiestas.
El economista Gabriel Caamaño destacó que existe una baja del tipo de cambio de exportación, que se profundizará con la eliminación del impuesto PAIS.
Incluso, Milei piensa que la eliminación del impuesto PAIS a partir del 24 de diciembre próximo derivaría en una deflación.
Ahora, el Gobierno piensa en cómo apuntalar el proceso de desinflación, para lo cual una herramienta clave será continuar alentando las importaciones en sector claves vinculados al consumo.
Uno de los sectores en foco es el de la indumentaria, que experimentó subas fuertes en la primera mitad del año y constituye un rubro clave para las Fiestas.
En las conversaciones que se vienen manteniendo desde principios de año, el Gobierno pone el énfasis en la necesidad de que algunos sectores industriales mejoren su productividad y aprovechen el escenario "pro negocios" que impulsa la actual administración.
Por ejemplo, el economista, Martín Vauthier, asesor de Caputo, destacó que el 1,2% que arrojaron los precios mayoristas en octubre se trata de la menor inflación mayorista desde mayo 2020, y la más baja para un mes de octubre desde 2016.
El nivel general del Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró un incremento de 1,4% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,1% en los "Productos primarios" y de 1,1% en los "Productos manufacturados y energía eléctrica". Estos datos contribuyen a esperar una menor inflación en noviembre.
El Gobierno aspira que la reactivación del consumo también llegue vía una fuerte desaceleración de los precios de alimentos y bebidas, rubros en los que el equipo económico igualmente está disconforme con el ritmo de remarcaciones.
Ante las versiones de que abría más apertura importadora, la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que no se puede abrir el comercio internacional sin igualar las condiciones para las industrias nacionales para evitar seguir perdiendo empleos.
Dijo que la carga fiscal y la falta de infraestructura son "las principales barreras contra la competencia". La UIA pidió avanzar en una agenda de mejora de la competitividad y desarrollo industrial del país, en paralelo a las medidas de apertura del comercio internacional.
Representantes del interior del país de la UIA resaltaron que la apertura al comercio internacional debe desarrollarse conjuntamente con una agenda concreta para mejorar la competitividad y bajar el costo argentino, de forma que no se resientan las cadenas de valor, la generación de empleo y la recuperación de la actividad industrial.
Las autoridades de la Junta Directiva coincidieron en que si no se resuelven los problemas de competitividad del país, desde la baja de impuestos, las mejoras en infraestructura y conectividad, la promoción de inversiones nacionales y la modernización de los regímenes laborales, avanzar solo con políticas de apertura comercial está teniendo consecuencias negativas, especialmente a las Pymes, y también en el empleo donde se perdieron más de 30 mil puestos de trabajo industriales desde agosto del 2023.
Como aporte para mejorar el consumo, el Gobierno recién terminará durante el primer trimestre del año que viene las revisiones tarifarias de luz y gas.
La intención es que las audiencias públicas se hagan entre la segunda quincena de enero y los primeros días de febrero, y unos 30 días después se aprobarán las nuevas tarifas a cambio de compromisos quinquenales de inversiones multimillonarias.
El ministro de Economía, Luis Caputo, es partidario de no autorizar más aumentos de tarifas para distribuidoras clave como Edenor, Edesur, Transener, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, Ecogas, Litoral Gas, Gas Nea, Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN). Esto podría complicar el escenario de inversiones y dar lugar a cortes de suministro en el verano.
El plan oficial solo permitiría subas puntuales para mantener constantes los ingresos de las empresas, como sucede desde hace 3 meses -pese a que se aprobaron fórmulas de indexación mensuales que nunca se cumplieron- y dividir en varias cuotas durante 2025 el impacto de eventuales alzas.
El objetivo es continuar con la desaceleración de la inflación, bajar al 1% la tasa de devaluación mensual del peso (crawling peg) si se consolida la tendencia y asentar las condiciones para flexibilizar los controles de capitales el año que viene.
No obstante, Edenor y Edesur enviarán la próxima semana al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) una decena de documentos, dentro de los cuales se incluirán las previsiones sobre sus necesidades de flujos de fondos para operar la red.
Aunque expresarán sus pedidos en billones de pesos y no como un porcentaje puntual, se desprende que los requerimientos derivarían en incrementos de sus tarifas de un 60% en términos reales (por sobre lo vigente), que impactaría en aumentos de 30% en las facturas.
Ese dinero iría a invertir en sus equipos para evitar cortes de luz, reducir la cantidad y frecuencia de las interrupciones, mejorar la atención al cliente, su calidad técnica y comercial, pagar salarios, impuestos, la energía que compran y distribuyen y, eventualmente, empezar el plan de despliegue de los medidores inteligentes, que cuestan casi 100 dólares por unidad y deberán ser cobrados a los usuarios.
Pero la intención de Economía es que las tarifas no afecten al proceso de baja de la inflación, como ya sucedió en 2017 y 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, y busca la manera de distribuir en cuotas los aumentos que sean indispensables para sostener la red y que no se corte la luz.
Varios números uno del sector energético se mostraron proclives a aceptar postergar aumentos de tarifas para que baje más rápido la inflación.
En el caso de las gasíferas, los incrementos solicitados rondarían el 20% a 30% de aumento, aunque una firma calculó que el "atraso real" es de entre el 40% y el 50%.
La "zanahoria" que ofrecería el Gobierno es la renovación a largo plazo de los contratos de concesión, que en algunos casos podría prorrogarse por 35 años. El tema se sigue analizando y por ahora no hay definiciones.
Las diferencias por el Presupuesto 2025 y la indefinición de la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, enrarecieron el clima en la Cámara Baja. Unión por la Patria está en contra de la iniciativa.
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