Tras una consecución de derrotas, el Gobierno trabaja en reconducir su agenda legislativa y apuesta a avanzar en la sanción de una reforma electoral que contenga la implementación de la boleta única papel (BUP) y la aplicación del criterio de "ficha limpia" para la habilitación las candidaturas. En paralelo, dialoga con los bloques amigos para evitar sorpresas en la aprobación del Presupuesto 2025, cuya discusión prevé iniciar en la primera semana de octubre.

Los embates parlamentarios que sufrió el oficialismo en las últimas semanas -el rechazo del DNU que incrementó los fondos para el organismo de inteligencia y el financiamiento universitario- hicieron evidente la necesidad del Gobierno de trabar acuerdos que den certidumbre. Si bien la administración libertaria logró imponer su voluntad al sostener el veto a la reforma previsional, no fue fácil reunir a los "87 héroes" que constituyeron el tercio para resistir en la Cámara baja. El desafío explícito de la oposición a la administración de Javier Milei encendió las alarmas del Poder Ejecutivo y motorizó una nuevo abordaje legislativo.

Esta nueva actitud la inauguró el domingo pasado el Presidente, durante la presentación del Presupuesto. Bajo una cuidada puesta en escena, dio un discurso político que incluyó unos pocos detalles de las proyecciones económicas de su administración. Dos días después, agasajó a los diputados que lo ayudaron a impugnar el aumento a los jubilados. Una rareza en un jefe de Estado que se enfocó exclusivamente en bajar la inflación y no dudó en delegar los pormenores políticos en su hermana Karina y el asesor sin cargo, Santiago Caputo.

En espejo, los referentes del oficialismo en el Congreso se pusieron manos a la obra. Martín Menem, el titular de Diputados, aceleró encuentros con legisladores amigos para coordinar una agenda común. Su prioridad: el Presupuesto. Junto al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, recibió en su despacho al jefe de Pro en la Cámara baja, Cristian Ritondo, que fue acompañado por su espada económica, Luciano Laspina. Los legisladores macristas no desaprovecharon la oportunidad para recalcar que su condición no negociable para acompañar la ley de leyes es que allí figure la devolución del porcentaje de coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires fijado por la Corte Suprema. Los libertarios tomaron nota.

Por su parte, los presidentes de las comisiones de Presupuesto, el senador Ezequiel Atauche y el diputado José Luis Espert, definieron una discusión paralela en ambas cámaras para evitar correcciones que dilaten la sanción. Quieren la norma antes de fin de año. Si bien de esta cumbre participó Menem, no lo hizo su par del Senado, Victoria Villarruel, quien parece nuevamente relegada de este determinante proceso de negociación.

Según pudo saber LA NACION, en ese encuentro se definió que la primera reunión por el Presupuesto se materialize en la semana del 1° de octubre y que cuente con la visita de Guberman y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Todos los referentes del Gobierno consultados por este medio aseguraron que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se rehúsa a dar explicaciones en el Congreso.

Será una de las discusiones con la oposición, que anticipó que exigirá la presencia de Caputo. Tras las primeras revisiones del Presupuesto, ya hay números que no cierran. El texto proyecta un crecimiento del 5% del PBI con un 18% de inflación anual y un dólar oficial a $1207 en diciembre de 2025. Establece en su primer artículo que "la regla fiscal" es tener un resultado superavitario -es decir, no se podrá gastar más de lo que ingresa- luego de pagar los compromisos de deuda, pero determina un déficit financiero de $2,3 billones para la administración pública.

Hay un punto que desvela al interior productivo: la previsión de un 100% de incremento de la recaudación por derechos de exportación, cuando el precio de los commodities está planchado. ¿Podría haber un impuestazo? Será una de las preguntas que deberá responder la Casa Rosada.

Agenda electoral

El oficialismo también busca acelerar el tratamiento de los proyectos electorales. Se trata de la iniciativa de "ficha limpia", que la última semana obtuvo dictamen en la Cámara baja, y la BUP que regresó a Diputados con cambios del Senado.

Según pudo saber LA NACION, los libertarios y sus aliados, principalmente de Pro, apuestan a debatir la erradicación de la boleta partidaria para cargos nacionales la próxima semana. La idea es llevar ambas iniciativas al recinto el miércoles 2 de octubre. La macrista Silvia Lospennato, uno de los cerebros de este proyecto, encabeza esta cruzada.

No obstante, la discusión se preanuncia compleja. Tanto Pro como un sector del radicalismo quiere insistir con algunos puntos del texto original, fundamentalmente la posibilidad de tildar un casillero para elegir todas las categorías de un mismo partido o "lista completa". Insisten con que, de no existir, el voto en blanco para las categorías inferiores será muy elevado.

En la Cámara alta, esta opción se quitó a instancias de los alfiles legislativos de los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes especulan con que el "efecto arrastre" los perjudique. Ambos integran fuerzas provinciales que no suelen competir por la presidencia.

Si la norma se materializa como salió de Diputados, es probable que al oficialismo enfrente un conflicto político con estos dos mandatarios provinciales, que hasta ahora oficiaron como aliados circunstanciales.

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