Un entrenador de boxeo de 41 años, identificado por sus iniciales como S.O.G., fue detenido e imputado por la Justicia de Chaco luego de ser denunciado por su expareja por propinarle una golpiza, arrojarle un hierro e inmovilizarla en el piso colocándole la rodilla sobre el cuello. El violento episodio se desencadenó cuando la hija de ambos regresó a la casa materna llorando tras haber sido zamarreada por el hombre al pedirle dinero para ir al kiosco, lo que motivó que la víctima acudiera a la vivienda del agresor -ubicada a escasos 200 metros- para exigir explicaciones.

De acuerdo con el crudo relato brindado por la mujer ante las autoridades judiciales y medios locales, la discusión verbal escaló rápidamente cuando el acusado le asestó un golpe de puño directo en el rostro. "Él se dio cuenta de que mi vista quedó en rojo, llena de sangre, porque estábamos frente a frente", explicó la damnificada, quien permanece bajo observación médica para evaluar si padeció daños irreversibles en la visión, antes de que el sujeto le arrojara una pieza metálica y se abalanzara sobre su cuerpo para asfixiarla contra el suelo

El brutal ataque ocurrió en presencia de la menor, quien intervino desesperada para comunicarse telefónicamente con un tío y solicitar auxilio inmediato. La fiscal interviniente, Gisela Oñuk, resolvió la inmediata aprehensión del preparador físico y lo imputó formalmente por los delitos de amenazas y lesiones agravadas por el vínculo en concurso real, disponiendo los peritajes forenses pertinentes y anticipando que el expediente se encuentra perfilado hacia el pedido formal de prisión preventiva ante la gravedad del hecho.

La causa penal reactivó además un historial de antecedentes de violencia intrafamiliar en el seno de la expareja, separada formalmente desde hace cuatro años. La víctima confirmó la existencia de al menos dos denuncias previas radicadas contra el sospechoso por agresiones cometidas durante el período de convivencia, un cuadro probatorio que agrava la situación procesal del imputado en momentos en que la fiscalía aguarda la evolución de los informes médicos para resolver si amplía la calificación legal.