En una drástica resolución, la cartera de Niñez, dependiente del ministro Tadeo García Zalazar, determinó el ingreso a hogares de menores de las cinco hijas de Adriana Valeria Suarez (40), la mujer imputada por el brutal crimen de su inquilino en Guaymallén. La decisión se fundamenta en un exhaustivo análisis que reveló "situaciones de negligencia grave, maltrato crónico y exposición a extrema violencia" sufridas por las menores.

Fuentes del Ministerio de Educación, Cultura e Infancias confirmaron que la falta de una red familiar de contención llevó al Estado a tomar esta "medida de protección excepcional". Se conoció que Suárez, quien gozaba de prisión domiciliaria por un caso de robo agravado para supuestamente cuidar a sus hijas, había sido objeto de alertas por las reiteradas inasistencias de las niñas a la escuela y por ser vistas deambulando en la calle durante largas horas.

En un intento por preservar el vínculo fraterno y facilitar nuevas dinámicas, las tres hijas menores (de 11, 9 y 7 años) fueron alojadas en un mismo hogar, donde recibirán un "proceso terapéutico de reparación emocional" debido a la "alta afectación psicológica sufrida en el entorno materno". Equipos terapéuticos especializados realizarán un seguimiento periódico de las niñas, informando al juzgado interviniente.

Las dos hijas mayores, de 13 y 15 años, fueron separadas del grupo y reubicadas en diferentes instituciones, con el objetivo de brindarles un tratamiento individualizado acorde a su etapa de madurez.

Si bien aún no se contempla la posibilidad de un proceso de adopción, las autoridades enfatizaron la necesidad de un "fuerte trabajo de reparación" para superar el trauma vivido por las menores. Los hogares estatales, organizados según la edad de los niños, se encargarán de brindarles el cuidado y la contención necesarios en esta difícil etapa.

Revuelo en la Justicia local: le aceptaron la renuncia de la fiscal de Malargüe ante el reconocimiento de su incapacidad para desempeñar su cargo

Mendoza

Se trata de la fiscal de Instrucción y Penal de Menores del sureño departamento, Andrea Lorente. En el decreto, el Ejecutivo también solicita la consecuente necesidad de designar de manera urgente otro representante para ese cargo.