La vida cargada de beneficios y privilegios que desde hace varias décadas ostenta uno de los jueces de mayor rango en la justicia mendocina, prerrogativas que le dieron la posibilidad de liderar una agencia de empleos para familiares y allegados favorecidos por la alta jerarquía del puesto que ocupa el excelentísimo ministro de la Corte, al parecer no es privativa del magistrado, pues, uno de sus hijos pretende imitar y gozar de las mieles con que el Estado bendice solo a algunos acomodados.

En este caso quien pretendía emular a don Pedro Llorente, es nada menos que uno de sus hijos, Octavio, quien presumía de un sitio de ventajas dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que en una resolución dicho organismo determinó el cese de gran cantidad de utilidades que percibía.

Octavio Llorente, es abogado, y cumplía funciones de "Agente Fiscal" , con una cantidad de prerrogativas relacionadas a horarios de privilegio, y otros beneficios, como también el cumplimiento defunciones de  manera discrecional en su propio estudio y, lo más relevante, la percepción de importantes sumas de dinero extra a su salario, a partir de embargos y diferentes tipos de ejecuciones fiscales .

Mediante una resolución, la 327/2014 y 328/2014, la AFIP, dispuso un cambio en las funciones que cumplía el agente Llorente y dispuso que su próxima función tendría la calificación de "Representante del Fisco". Con esa modificación, la actividad de Llorente cambió en forma drástica y desde ese momento perdió gran cantidad de beneficios que gozaba con anterioridad.

Entre ellos tuvo que  cumplir su trabajo en la sede de la AFIP de San Rafael, donde reportaba de manera remota y obviamente, tuvo que marcar el horario de entrada y salida, como lo realizaban la totalidad de sus compañeros de trabajo.

Pero más allá de todo ello su labor de agente fiscal tenía estrecha relación con la ejecución de embargos  y todo tipo de ejecuciones fiscales, que le redundaban al agente importantes sumas de dinero.

Ante tales modificaciones, Octavio Llorente concretó la presentación de un Amparo en la justicia federal buscando retrotraer su designación a su estatus anterior.

Después de un complejo y extenso trámite, la Cámara de Federal de Apelaciones de Mendoza, resolvió darle validez a lo dispuesto oportunamente por la AFIP y confirmó el fallo dictado por el señor juez del Juzgado Federal de San Rafael, quien había rechazado el amparo entablado por Llorente, en el cual solicitaba se declarara la nulidad de esas disposiciones.

Según la  Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, se dictó la sentencia en los autos Nº FMZ 28300/2014/CA1-CA3, caratulados: “Llorente, Octavio c/ A.F.I.P s/ Amparo Ley 16.986”.

En su pronunciamiento, el tribunal consideró que "la ley 11.683 no asigna la representación de AFIP en los juicios por cobro a los procuradores y agentes fiscales en forma exclusiva. También meritó que la garantía constitucional de estabilidad de empleado público no fue conculcada por la reubicación y recategorización dispuesta por las disposiciones 327/2014 y 328/2014 , porque las medidas que implementan se encuentran justificadas en motivos de racionalización inherentes al empleo público, siendo las facultades de organización interna parte de las prerrogativas discrecionales  de la AFIP".

De esa menera se dio por finalizado el debate en el que el hijo del supremo Pedro llorente, pretendía seguir manteniendo provecho de una larga serie de beneficios, muchos de ellos económicos, en donde pretendía imitar a su progenitor, criticado por liderar una agencia de empleos para familiares y allegados, quienes se han visto beneficiados por la alta jerarquía del puesto que ocupa el excelentísimo ministro de la Corte.