La reglamentación permite exceptuar determinadas intervenciones del régimen general
El Gobierno de Alfredo Cornejo ha reglamentado los procedimientos para obras y contrataciones de urgencia durante la emergencia climática en Mendoza, buscando agilizar las intervenciones ante contingencias meteorológicas previstas para la temporada 2026-2027. El Decreto 2522, publicado en el Boletín Oficial, establece las condiciones para que los organismos provinciales adquieran materiales, contraten servicios y avancen en infraestructura mediante mecanismos excepcionales.
Esta reglamentación deriva de la Ley 9740, que declaró la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en la provincia. La iniciativa busca fortalecer las tareas preventivas y reducir los tiempos de respuesta ante fenómenos climáticos intensos, como tormentas y crecidas, que puedan afectar la infraestructura y los servicios públicos. La legislación contempla la ejecución urgente de obras hidráulicas, intervenciones en cauces, mantenimiento de caminos y ampliación de sistemas de monitoreo, además de autorizar herramientas extraordinarias de financiación.
El nuevo régimen de contrataciones permitirá procedimientos especiales para seleccionar empresas y proveedores. Para montos menores, se permitirán adjudicaciones directas, mientras que para mayores valores se buscará la participación de al menos tres oferentes. La elección de contratistas considerará experiencia, capacidad, calidad, precios y plazos. La adjudicación deberá ser fundamentada, priorizando el interés público. Se podrán usar mecanismos de la Ley 8706 si son compatibles con la emergencia y agilizan los procedimientos.
Las intervenciones de menor envergadura, como limpieza de cauces y reparaciones urgentes, podrán exceptuarse del régimen general de contratación, aunque deberán cumplir exigencias administrativas de registro. Esto busca evitar demoras en la prevención y atención de contingencias climáticas.
El decreto también establece la fiscalización de obras y fondos. La urgencia no exime del cumplimiento de la legislación ambiental y territorial. La autoridad ambiental definirá los procedimientos de evaluación y control. Los organismos responsables supervisarán la ejecución de obras, verificarán la recepción de bienes y servicios, y conservarán la documentación respaldatoria para el control y rendición de cuentas. La Ley 9740 exige informes trimestrales a la Legislatura.
Finalmente, el régimen invita a los municipios y otros organismos del sector público provincial a adherirse a estas disposiciones para extender su aplicación a sus competencias. El decreto fue firmado por Cornejo y los ministros Natalio Mema, Víctor Fayad y Jimena Latorre.