El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad la ley que regula las Escuelas de Verano, buscando estandarizar la seguridad y organización para los niños. La iniciativa, impulsada por los padres de Faustino Díaz Crimi, quien falleció en una escuela de verano en 2025, fue sancionada definitivamente este miércoles. No obstante, no se aplicará en la próxima temporada estival debido a los plazos de reglamentación.

La nueva normativa crea un registro provincial de Escuelas de Verano, exigiendo documentación específica para su inscripción. Esto permitirá a los padres consultar cuáles cumplen con los requisitos. Abarca a entidades privadas, clubes, asociaciones civiles, sindicatos, entes comunitarios y organismos públicos provinciales o municipales.

Los requisitos incluyen datos del responsable legal y coordinador, habilitación municipal del predio, descripción del proyecto pedagógico, seguro de responsabilidad civil y servicio de emergencias médicas. La autoridad de aplicación publicará el listado de instituciones habilitadas, y cada una deberá exhibir su documentación visiblemente.

El personal deberá contar con un profesor o licenciado en Educación Física matriculado como responsable del proyecto y presentar certificado de antecedentes penales. Se establecen pautas de proporción: un profesor de Educación Física y un auxiliar por cada 15 niños menores de cinco años.

La seguridad en natatorios es clave, exigiendo al menos un guardavidas habilitado por cada 50 niños y cerramientos de protección. Todo el personal deberá estar capacitado en RCP y gestión de riesgos. La ley también prevé capacitaciones para que los niños aprendan a identificar riesgos.

La custodia de los niños en el agua es responsabilidad del personal. El titular del predio y el responsable de la actividad supervisarán las instalaciones y el cumplimiento de normas de seguridad. Se exige una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente y, para pernoctes o excursiones, autorización escrita de padres y transporte habilitado.

Finalmente, la ley invita a los municipios a adherirse y crear sus propios registros, y establece un plazo de 180 días para adecuar los trámites de inscripción.