Efectivos de la Policía de Mendoza llevaron adelante este martes un amplio despliegue de seguridad con múltiples allanamientos simultáneos en el departamento de Las Heras, en el marco de una serie de expedientes penales impulsados por denuncias de tenencia ilegítima y reiterados episodios de abuso de armas de fuego. El epicentro del dispositivo se concentró en el barrio 8 de Abril y sectores aledaños, donde las fuerzas de seguridad irrumpieron en alrededor de 20 inmuebles de manera coordinada para evitar filtraciones y neutralizar maniobras de escape.

La investigación judicial se originó a partir de un hecho de abuso de armas, en el cual las pericias técnicas de triangulación balística permitieron establecer que los disparos efectuados habían tenido su trayectoria de origen en esa barriada. Durante las primeras inspecciones en los domicilios señalados, los uniformados lograron incautar armamento, municiones y una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por robo, además de diversos elementos de procedencia ilícita detectados en patios y techos mediante el soporte de drones de vigilancia aérea.

Dadas las particularidades geográficas y la complejidad de acceso en este conglomerado urbano, el operativo contó con la presencia en el lugar del fiscal de instrucción Tomás Guevara y del juez de garantías Diego Flamant, acompañados por sus respectivos equipos de trabajo, con el fin de supervisar la legalidad de los procedimientos y rubricar las medidas procesales sobre la marcha. Las autoridades judiciales y policiales destacaron la planificación previa de inteligencia para asegurar los perímetros en pasillos y zonas críticas.

Desde el Ministerio de Seguridad y la Justicia provincial remarcaron que el objetivo primordial de esta seguidilla de allanamientos radica en cortar el circuito clandestino de armas de fuego, herramientas utilizadas frecuentemente en disputas territoriales armadas y en asaltos callejeros en el Gran Mendoza. Al cierre de las medidas, el fiscal Guevara evaluaba la situación procesal de los moradores de las viviendas allanadas para resolver imputaciones y posibles detenciones formales según el grado de vinculación con los elementos secuestrados.