El Gobierno de Mendoza oficializó este martes en el Boletín Oficial el decreto 1929, una disposición que autoriza a los distintos organismos de la administración pública a iniciar los trámites de contratación de bienes y servicios con impacto en el ejercicio 2027, aunque bajo un estricto corsé financiero. La normativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas que encabeza Víctor Fayad, toma como base de cálculo el presupuesto vigente al 30 de septiembre de 2026 y busca asegurar la continuidad operativa básica del Estado provincial mientras la Legislatura se apresta a debatir la pauta de gastos general para el próximo año.

El mecanismo se fundamenta en las facultades de la Ley N° 8706 de Administración Financiera e introduce un esquema rígido de cuotificación para las erogaciones corrientes y de capital, tanto de Rentas Generales como de recursos afectados. Las dependencias públicas solo podrán imputar preventivamente hasta un 20% acumulativo por trimestre (enero, abril, julio y octubre), una pauta calibrada según el ritmo proyectado de la recaudación tributaria. Cada repartición dispondrá de un plazo de 15 días corridos para remitir su curva estimada de gastos con su debida justificación técnica ante su respectiva Dirección General de Administración.

El marco normativo contempla excepciones selectivas que permiten comprometer preventivamente hasta un 80% del crédito habilitado. Entre estas exclusiones sobresalen las compras y licitaciones logísticas destinadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia, cuya ejecución presupuestaria se distribuirá en un 26,66% durante enero y febrero, y un 26,68% en marzo. El mismo techo del 80% anticipado en enero regirá para los vencimientos vinculados con los servicios de la deuda pública (intereses, gastos y amortizaciones), el saldo de residuos pasivos y las líneas con fondeo de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI) y la Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos (UCPP).

La contracara del decreto se concentró en la infraestructura. Como cláusula restrictiva central, la administración provincial determinó que las distintas áreas de gobierno no podrán imputar preventivamente ninguna obra pública nueva hasta tanto la Legislatura dé sanción definitiva al Presupuesto 2027. Mediante este mecanismo de contención, el Poder Ejecutivo procura ordenar compromisos operativos esenciales para arrancar el próximo calendario administrativo sin comprometer el margen de maniobra fiscal de las futuras inversiones que deberán ser convalidadas por el parlamento local.