En busca de la verdad
En busca de la verdad
A más de un año de la muerte del niño de 8 años en un predio de Luján de Cuyo, la iniciativa que exige un marco común de seguridad, controles estrictos y registros oficiales obtuvo media sanción en el Senado y este miércoles será respaldada por familiares en Diputados. En paralelo, la causa judicial ya cuenta con seis imputados por homicidio culposo.
A poco más de un año del doloroso fallecimiento de Faustino Díaz Crimi durante una escuela de verano, su familia continúa transformando el dolor en acción. Este miércoles, a partir de las 11:30, allegados y familiares se concentrarán frente a la Legislatura provincial para apoyar la sanción definitiva del proyecto que busca regular estas actividades y juntar firmas mientras sesiona la Cámara de Diputados.
"Mañana nos vamos a juntar a las 11.30 para apoyar la ley de escuelas de verano en la Legislatura. Además vamos a juntar firmas mientras sesionan los diputados", confirmó María José Crimi, madre del niño, al ratificar la movilización. La iniciativa, impulsada por la senadora Adriana Cano junto a otros legisladores, ya cuenta con media sanción en la Cámara alta.
La normativa busca llenar un vacío legal histórico al establecer un marco regulatorio común y obligatorio para todas las escuelas de verano que funcionan en territorio mendocino, abarcando tanto a propuestas de gestión pública como privada.
Entre sus puntos centrales, la iniciativa contempla:
En paralelo a la lucha legislativa, la investigación penal por la muerte de Faustino -ocurrida el 5 de febrero de 2025 en una de las piscinas de 1,90 metros de profundidad del Marista Rugby Club- registra importantes avances en la órbita de la Fiscalía de Homicidios.
Con las últimas medidas adoptadas por el Ministerio Público Fiscal, ya son seis las personas imputadas por el delito de homicidio culposo. A los cuatro acusados iniciales (Brenda Fuster, Daiana Gómez, Paulo Depetri y Máximo Pizzaro) se sumaron recientemente Leandro Martín Cappa Robles y David Manuel Bullaude Díaz.
La pesquisa judicial busca determinar las responsabilidades penales en torno a la falta de supervisión y el incumplimiento de los deberes de cuidado durante la actividad recreativa que le costó la vida al niño, cuyo deceso fue confirmado por la necropsia como producto de un cuadro de ahogamiento.
