El oficialismo consiguió este miércoles dictamen favorable sin modificaciones en el Senado al proyecto de ley que reestructura el régimen de Zona Fría, una medida clave con la que el Gobierno apunta a recortar el gasto fiscal y sanear el sistema energético. La iniciativa, que se debatirá la próxima semana en el recinto junto con la reforma del Banco Central y el Mercado Voluntario de Carbono, reducirá de forma drástica el alcance del beneficio, limitándolo de manera exclusiva a las provincias de la Patagonia, la Puna y Malargüe.

De avanzar su sanción definitiva, la modificación implicará que más de 400 mil hogares mendocinos perderán la bonificación, afectando a una cobertura que actualmente alcanza al 69% de los usuarios de la provincia con un descuento del 30% en sus boletas, y a un 39% que accede al 50%. Según estimaciones del sector, la quita del esquema y el impacto sobre las facturas podrían duplicar el valor final que pagan los usuarios residenciales.

El recorte fiscal y el diagnóstico oficial

En los fundamentos de la normativa, la administración nacional argumenta que la ampliación del régimen aprobada en 2021 -impulsada originalmente por el kirchnerismo- desvirtuó el espíritu de la ley vigente desde 2002 al extender el beneficio a casi la mitad del país, incluyendo a sectores de alto poder adquisitivo, y elevar los recargos en las facturas del 5,3% al 7,5%. Para el Ejecutivo, retrotraer el subsidio a zonas de frío extremo resulta indispensable para ordenar las cuentas públicas y reducir el déficit fiscal.

Asimismo, el texto aprobado en comisión incorpora herramientas para sanear el sector energético:

• Establece un mecanismo para condonar pasivos acumulados por las distribuidoras eléctricas con CAMMESA, exigiendo como contrapartida el desistimiento de litigios judiciales.
  
• Extiende hasta 2045 las exenciones impositivas para proyectos de energías renovables que vencían este año.
  
• Deroga regímenes de promoción para inversiones e hidrocarburos creados en 2013 y 2022.
  

Cambios en la modalidad de cálculo

Además de la reducción territorial -que dejará a más de tres millones de hogares sin el beneficio en todo el país-, el proyecto modifica radicalmente la forma en que se aplica el subsidio en las regiones alcanzadas.

A partir de la nueva normativa, el descuento dejará de calcularse sobre el monto total de la factura (incluyendo cargos fijos e impuestos) y pasará a impactar únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), rigiendo exclusivamente hasta el límite de consumo subsidiado fijado para cada categoría y época del año.