La Justicia federal avanza en una investigación orientada a determinar el origen del dinero con el que María Soledad Calle compró un departamento en el primer piso del edificio de San José 1111, ubicado precisamente debajo de la vivienda donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple su arresto domiciliario. La principal hipótesis bajo análisis apunta a dilucidar si los fondos utilizados para la adquisición de la propiedad provinieron de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), aunque hasta el momento no existen conclusiones definitivas que confirmen esa presunción.

El eje central de la pesquisa se concentra en la relación entre Calle, el gremio metalúrgico y la empresa USEM S.A. -firma que rubricó un convenio con la UOM en 2023-, culminando con la compra del inmueble concretada en agosto de 2025.

Si bien la defensa de Calle sostuvo formalmente que el departamento fue adquirido "con recursos propios" y que su intención era destinarlo a una fundación, desde los tribunales calificaron la explicación como insuficiente. "La explicación de Soledad Calle no aportó claridad ni dio detalle alguno sobre la fundación que usaría esa unidad" señalaron fuentes vinculadas a la causa, motivo por el cual los investigadores ordenaron realizar una estricta trazabilidad de los fondos para cotejar la evolución patrimonial de la exintegrante del sindicato con sus ingresos declarados.

En paralelo, la fiscalía analiza la documentación contable del gremio, prestando especial atención a una partida consignada bajo el concepto de "Comisiones y Gastos Bancarios" en el balance cerrado a fines de 2025, la cual trepó hasta los casi $2190 millones (frente a los $239 millones del ejercicio previo). Los investigadores buscan determinar si parte de esos millonarios montos fue derivada a USEM y si existió un desvío posterior hacia el patrimonio personal de Calle.

Los registros internos de la UOM corroboran que Calle cumplió funciones de relevancia dentro de la estructura sindical, participando en misiones internacionales como representante en el Comité Ejecutivo Global de IndustriALL en Ginebra y en congresos en España. No obstante, la atención judicial también se posa sobre el trasfondo político del inmueble adquirido: la ubicación exacta en el primer piso alimenta suspicacias en torno a los lazos entre el titular del gremio, Abel Furlán, y Máximo Kirchner, sumado a reportes que indican que dependencias de ese mismo nivel habrían sido utilizadas por custodios o personal allegado a Cristina Kirchner.

Por lo pronto, la compra permanece bajo un riguroso peritaje patrimonial mientras la Justicia intenta certificar si la operación se financió de manera genuina o si esconde un circuito de desvío de fondos sindicales.