La Justicia Federal con competencia electoral dispuso dejar sin efecto la medida cautelar que mantenía suspendidas las actividades operativas de La Libertad Avanza en la provincia de Mendoza. A partir de las últimas resoluciones del expediente tramitado en el Juzgado Federal N° 1, la agrupación política logró la restitución de su condición legal activa y el restablecimiento del acceso a los recursos financieros del espacio, luego de que se dieran por ingresados los estados contables correspondientes al período 2025.

Pese a la revocación de la sanción cautelar, el juzgado determinó mantener el castigo económico impuesto por la tardanza en la entrega de la documentación legal. La resolución ratificó una penalidad pecuniaria que representa la retención del 20% de las partidas públicas destinadas al desenvolvimiento partidario para el ejercicio venidero. 

Asimismo, el tribunal resolvió girar la totalidad de las actuaciones administrativas e informes al Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral, organismo que tendrá a su cargo la inspección técnica definitiva para validar o formular reparos sobre el contenido de los libros contables.

Durante el proceso, la cúpula del espacio libertario mendocino -encabezada por el diputado nacional Facundo Correa Llano junto a la tesorera Macarena D'Ambrogio- presentó formalmente los descargos correspondientes para justificar las inconsistencias temporales. Frente a los requerimientos sobre los registros de caja, la conducción argumentó que las hojas sin movimientos obedecieron a que la totalidad de los flujos monetarios del año se gestionaron de manera bancarizada sin operaciones en efectivo, al tiempo que explicaron que la ausencia de extractos de enero de 2025 se debió a que la apertura de la cuenta oficial se concretó recién en el mes de febrero.

La controversia en torno a la acreditación de cerca de 258 millones de pesos había desencadenado fuertes contrapuntos en la interna provincial, motivando a dirigentes como la senadora provincial Alejandra Gómez a solicitar reuniones extraordinarias del Consejo del partido para mitigar el impacto institucional. 

Con la homologación judicial y la consecuente adecuación a los marcos de las leyes de Financiamiento Político y Orgánica de los Partidos Políticos, la fuerza oficialista supera la traba cautelar, a la espera del dictamen final que emitirán los auditores de la Cámara Nacional Electoral.