El Gobierno de Mendoza puso en marcha la reglamentación de la Ley 9701, una herramienta que permitirá a los ciudadanos colaborar con el control vial mediante el envío de imágenes y videos que registren presuntas infracciones de tránsito. La iniciativa apunta a fortalecer la participación de la comunidad en las políticas de seguridad vial y promover una mayor conciencia sobre el respeto de las normas de circulación.

La normativa establece que los archivos aportados por los vecinos tendrán carácter informativo y no constituirán denuncias formales ni pruebas concluyentes por sí mismas. Su función será aportar información que pueda ser evaluada por los organismos competentes antes de avanzar con cualquier procedimiento sancionatorio.

En los casos en que el material permita identificar con claridad una posible infracción, las autoridades elaborarán un informe preliminar que posteriormente será remitido al Juzgado Vial correspondiente, organismo que tendrá la responsabilidad de analizar la situación y resolver si corresponde aplicar una sanción.

Como parte del sistema, el Ejecutivo provincial prevé la implementación de una aplicación integrada a la plataforma oficial "Mendoza x Mí". La herramienta incorporará mecanismos para registrar automáticamente datos como fecha, hora y ubicación de cada captura, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de la información recibida.

Mientras avanza el desarrollo de esa aplicación, los ciudadanos ya pueden enviar registros audiovisuales a través del servicio de WhatsApp denominado "Modo Testigo", habilitado bajo el número 5492615559592.

La Dirección de Seguridad Vial será el organismo encargado de realizar la primera revisión del material recibido. El decreto reglamentario determina que serán descartadas aquellas imágenes o videos que no permitan identificar una infracción, que correspondan a hechos ocurridos fuera de Mendoza o que presenten señales de manipulación, alteración o inconsistencias que comprometan su validez.

Desde el Gobierno remarcaron que las fotografías y grabaciones aportadas por particulares no implican una constatación automática de una falta, sino que constituyen elementos orientativos que deberán ser analizados por las autoridades competentes dentro del procedimiento correspondiente.

Además, el material recibido será publicado en un sitio oficial del Ministerio de Seguridad y Justicia por un período máximo de 90 días, con fines informativos y de transparencia.

La reglamentación también incorpora medidas específicas para proteger la privacidad de los ciudadanos. Tanto los datos de quienes remitan las imágenes como la identidad de las personas involucradas serán resguardados conforme a la legislación vigente. Del mismo modo, cualquier contenido utilizado con fines educativos o de concientización deberá preservar la identidad de presuntos infractores y terceros ajenos a los hechos, en cumplimiento de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales.