La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) obtuvo un importante respaldo judicial luego de que la Cámara Nacional en lo Civil validara el traslado de su sede social a la localidad bonaerense de Pilar y dejara sin efecto una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que había dispuesto la designación de veedores dentro de la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia.

La decisión representa un triunfo para la conducción de la AFA en medio de una disputa con el organismo de control nacional, que había cuestionado diversos aspectos administrativos de la institución y había solicitado la intervención de veedores por presuntas irregularidades en sus procedimientos internos.

Desde la entidad futbolística rechazaron desde un primer momento esa medida al considerar que constituía una intromisión indebida en su funcionamiento y que respondía a motivaciones ajenas a las facultades legales del organismo.

El fallo de la Cámara ratificó la validez del cambio de domicilio aprobado por la Asamblea de la AFA en 2024, mediante el cual la institución trasladó formalmente su sede a Pilar y quedó registrada bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires.

Como consecuencia de esta resolución, la fiscalización y el control legal de la entidad pasan a depender exclusivamente del organismo bonaerense, dejando sin efecto la competencia que hasta entonces ejercía la IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

Los magistrados sostuvieron que, una vez concretado el cambio de jurisdicción y validada la inscripción correspondiente, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas quedó investida de todas las facultades de control sobre la asociación. En ese sentido, remarcaron que la IGJ no cuenta con atribuciones para revisar o supervisar decisiones adoptadas por un organismo provincial con competencias equivalentes dentro de su territorio.

Además, el tribunal declaró la nulidad de la resolución emitida en febrero de 2026 por la Inspección General de Justicia, mediante la cual se pretendía designar veedores en la AFA, y dispuso la cancelación de la inscripción de la entidad en el registro que depende de ese organismo nacional.

En los fundamentos de la sentencia también se destacó que los actos administrativos dictados por organismos provinciales poseen plena validez mientras no sean impugnados por las vías correspondientes. Por ese motivo, los jueces entendieron que el cambio de domicilio aprobado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas debía ser reconocido con todas sus consecuencias legales.

La resolución fortalece la posición institucional de la AFA y de su presidente, Claudio Tapia, al tiempo que redefine el ámbito de control estatal sobre la entidad que conduce el fútbol argentino. El caso también marca un precedente respecto de los límites de actuación entre organismos nacionales y provinciales en materia de fiscalización de asociaciones civiles.null