En el marco de la reapertura de las negociaciones para el segundo semestre de 2026, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) calificó como "vergonzosa" la propuesta del Ejecutivo provincial y pasó a un cuarto intermedio. La negativa se suma al rechazo previo de los docentes, configurando un escenario de alta conflictividad que pone a prueba la estrategia oficialista en la previa a la reunión con el sector médico.

La oferta presentada por la directora de Recursos Humanos, Mariana Lima, consistía en un incremento escalonado del 8% total, dividido en un 5% para agosto y un 3% para noviembre. Desde la cúpula de ATE, el rechazo fue inmediato y contundente, argumentando que los porcentajes ofrecidos resultan insuficientes para equiparar el costo de la canasta alimentaria y no contemplan compromisos institucionales pendientes que mantienen a los trabajadores en una situación de precariedad.

Además del reclamo salarial, el gremio mantiene una lista de exigencias estructurales que traban el acuerdo: el pase a planta permanente de 2.000 trabajadores contratados, la regularización del cambio de régimen de agentes hacia la carrera de Enfermería, el pago del ítem de productividad y la apertura de mesas técnicas para discutir condiciones laborales en salud. Como medida de fuerza inmediata, ATE ratificó la convocatoria a una Asamblea de Delegados para el próximo miércoles 17 de junio.

Este rechazo profundiza la tensión en la administración pública mendocina. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) ya había marcado el camino el pasado viernes al desestimar una propuesta similar, denunciando que las actualizaciones sobre bases desactualizadas terminan licuando el poder adquisitivo ante la inflación. La postura de ambos gremios sugiere una posible coordinación de medidas de fuerza que complica las aspiraciones del Gobierno de cerrar acuerdos rápidos.

La Casa de Gobierno mantiene la expectativa puesta en la ronda de negociaciones que continúa esta semana, con especial atención al encuentro de este jueves con Ampros, el sindicato que nuclea a los profesionales médicos. Con el sector sanitario y educativo en pie de guerra, el Ejecutivo se enfrenta a un desafío político creciente para contener las demandas de los trabajadores estatales, quienes exigen soluciones de fondo en un contexto de marcada pérdida de ingresos.

Por el momento, no se ha fijado una fecha para un nuevo encuentro entre el Gobierno y ATE. Mientras las negociaciones por cronograma siguen su curso para el resto de las dependencias, el Ejecutivo deberá evaluar si mejora la propuesta original para intentar desactivar una escalada del conflicto que amenaza con paralizar los servicios esenciales de la provincia.